Remitido por Junta de Extremadura:
Dentro del procedimiento que la CE inició en febrero, porque alegaba que había deficiencias en el control de la viña no regularizada, Bruselas sostiene aún que la corrección financiera debe alcanzar el 10% de las ayudas percibidas por el sector español en las citadas campañas (103 millones), según las fuentes.Recordaron que en febrero, la Comisión comunicó a las autoridades españolas su intención de aplicar una ‘corrección financiera’ por ese importe.España puede solicitar que se reduzca y presentar documentos que justifiquen sus demandas, ante el organismo de conciliación, entidad del FEOGA-Garantía (fondo agrícola) cuya función es mediar entre la Comisión y las autoridades de un estado cuando surge una discrepancia en las cuentas agrícolas.Las fuentes afirmaron que ‘esta conciliación aún no ha comenzado y sólo cuando termine se sabrá si la CE reduce la corrección financiera’.La CE no decidirá definitivamente sobre el importe final de la multa hasta ‘mucho después del verano’, según las fuentes.Esta reclamación entra dentro del procedimiento conocido como ‘liquidación de cuentas’, mediante el cual Bruselas exige la devolución de fondos agrícolas de los países comunitarios, en cuya gestión cree que ha habido irregularidades.La investigación que comenzó la CE sobre el sector del vino español está enmarcada dentro de las inspecciones en los países de la UE, para comprobar si hay viñedo ilegal, y de los controles sobre la regularización de las plantaciones.Se trata de un problema que afecta a más productores, tales como Francia e Italia.Según otras fuentes, ‘el razonamiento de la Comisión es que el viñedo plantado ilegalmente ha contribuido al excedente’, pues si no se hubiera cultivado, no habría destilación y en consecuencia, no se hubieran dado las ayudas por el montante que ahora Bruselas quiere recuperar.La CE señaló en un informe de 2004 que existe aún un problema de regularización de plantaciones ilegales en toda la UE (cultivadas después de septiembre de 1998 y sin nuevos derechos de plantación), si bien entonces señaló que España es el país que más cumple con este tipo de legalización.El Ministerio de Agricultura anunció en febrero que presentaría alegaciones, porque se trata de una interpretación diferente de la reglamentación comunitaria y considera que España ha actuado de forma legal.
Junta de Extremadura