Nota de COAG
La Comisión Europea ha difundido un informe sobre las tasas o impuestos especiales que se aplican en la Unión Europea sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, en el que se concluye la conveniencia de armonizar las diferentes tasas que se aplican en cada país, de actualizarlas con respecto a la inflación desde que se pusieron en vigor en 1992 (un 24 %) y de imponer una tasa mínima al vino de entre 0,12 y 0,15 Euros por litro. En la actualidad, al vino no se le exige un impuesto especial mínimo; por lo que países (sobre todo los productores) como España, Italia, Grecia, Luxemburgo, Alemania o Francia aplican una tasa “cero” o bien una cantidad meramente testimonial (0,02 Euros/litro en el caso de Francia). Mientras que en otros Estados miembro, como los países nórdicos y Reino Unido, imponen tasas muy altas (de hasta 1,6 o 1,75 Euros por litro).
La Comisión argumenta las conclusiones de su informe en que de esta manera se evitarían las perturbaciones en el mercado interno y los problemas de competencia que se originan al aplicar cada país impuestos distintos y se facilitaría la lucha contra las transacciones fraudulentas y el contrabando.
COAG-IR denuncia, sin embargo, que detrás de este informe sólo hay un intento de incrementar la recaudación de los Estados para financiar el coste de la reciente Ampliación de la Unión Europea. En Castilla-La Mancha, los impuestos recaudados si se impusiera la tasa mínima que pretende la Comisión supondrían más de 200 millones de euros. Si se tiene en cuenta que esta cifra es sólo algo menos de la mitad del valor del vino producido en Castilla-La Mancha (en el entorno de los 450-480 millones de Euros) y que se aproxima bastante al coste de la OCM en nuestra región (279 millones de Euros) puede sin duda calificarse a esta medida de “impuesto salvaje”.
La imposición de una tasa de este calibre repercutiría de forma muy negativa sobre el consumo, que ha caído ya en los últimos años hasta situarse por debajo de los 30 litros por persona y año. Resulta paradójico que mientras se auspician políticas fiscales contrarias a los vinos de la Unión Europea, se estén firmando acuerdos preferenciales con países terceros que permite comercializar más fácilmente en la U.E. vinos foráneos incluso sin exigirles, ni tan siquiera, el respeto a las mismas prácticas enológicas a las que estamos obligados los productores europeos.
El informe de la Comisión no ha tomado todavía consistencia de propuesta normativa; sino que deberá ser analizado en los próximos meses por el Parlamento Europeo (cuando se constituya tras las elecciones), por el Consejo Económico y Social y por el Consejo de Economía y Finanzas. Una vez que todos estos órganos se hayan pronunciado la Comisión decidirá si presenta o no una propuesta de normativa. En todo caso, esta propuesta tendría que ser aprobada por unanimidad en el Consejo.
No se trata en ningún caso, por lo tanto, de una medida que pudiera poner en marcha de una manera inmediata. Pero hay que recordar que no es la primera vez que la Comisión se pronuncia en este sentido y que hace dos años ya elevó propuestas similares, lo que demuestra que existe una voluntad clara por parte de la Comisión de llevarla adelante, por eso es importante para el sector mostrar ahora su rechazo antes de que el informe se consolide como propuesta oficial.
COAG