La Comisión presenta la revisión intermedia de la política agrícola común de la UE

La Comisión Europea ha presentó el pasado día diez de julio lo que se conoce como revisión intermedia de la política agrícola común (PAC) de la UE. La Comisión considera que el gasto público del sector agrario debe justificarse mejor y que es preciso obtener algo a cambio del mismo, ya sea la mejora de la calidad de los alimentos, la conservación del medio ambiente, el bienestar de los animales, el paisaje y el patrimonio cultural, o la potenciación del equilibrio social y la equidad. En este sentido, cabe señalar que con esta revisión se liberará a los agricultores de la burocracia y las limitaciones que implica tener que orientar su producción hacia las subvenciones, en lugar de producir lo que les resulte más rentable. A la vez que garantizan un nivel de vida aceptable a los agricultores, las propuestas presentadas hoy les ayudarán a aplicar los exigentes requisitos de producción de la UE. Además, la revisión garantizará a los consumidores y contribuyentes un empleo más eficiente del dinero gastado. Para alcanzar estos objetivos, la Comisión propone: 1) eliminar el vínculo entre la producción y las ayudas directas, 2) supeditar las ayudas al cumplimiento de ciertas normas medioambientales, de salubridad de los alimentos, bienestar animal y seguridad en el trabajo, 3) incrementar de forma significativa los fondos comunitarios destinados al desarrollo rural, reduciendo las ayudas directas en general, salvo para los pequeños agricultores, 4) implantar un nuevo sistema de auditorías, 5) aplicar nuevas medidas de desarrollo rural para impulsar la calidad de la producción, la salubridad de los alimentos y el bienestar animal, y sufragar los costes de las auditorías de las explotaciones, y 6) modificar el régimen de los cereales, el centeno, los forrajes desecados, el trigo duro, el arroz y los frutos secos. Las propuestas se mantienen plenamente dentro del marco financiero de la PAC previsto en la Agenda 2000.

Franz Fischler, Comisario de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, ha manifestado que: «No cabe esperar que las zonas rurales prosperen, el medio ambiente goce de protección, los animales estén bien cuidados y los agricultores puedan subsistir sin pagar por ello. En el futuro, no se pagará a los agricultores por un exceso de producción, sino por responder a lo que el público desea: salubridad de los alimentos, bienestar animal y buen estado del medio ambiente. Al tiempo que les garantiza una renta estable, el nuevo sistema evitará que los agricultores estén constreñidos por la necesidad de orientar su producción en función de las subvenciones. Podrán optar por los cultivos que deseen y el tipo de carne cuyas posibilidades comerciales (y no de subvención) sean más elevadas.

Será necesario reducir la burocracia, por lo que respecta tanto a los agricultores como a las administraciones nacionales. Las propuestas suponen para los consumidores y los contribuyentes la ventaja de un uso más eficiente de los fondos. Además, facilitarán el proceso de ampliación y podrá defenderse mejor la PAC en la OMC. El nuevo sistema no falsea el comercio internacional, antes bien, creará nuevas oportunidades para los países en desarrollo».

Los diez objetivos de la revisión intermedia

Enfocar las ayudas de modo que se recompense a los agricultores por sus prestaciones en relación con el medio ambiente, la calidad y salubridad de los alimentos o el bienestar animal.

Destinar más fondos para ayudar a los agricultores a que desarrollen su actividad atendiendo más al mercado y al consumidor.

Seguir dotando de apoyo y estabilidad a las rentas agrarias.

Ayudar a que los agricultores puedan desarrollar su actividad, reduciendo y simplificando los trámites administrativos.

Garantizar que los agricultores europeos puedan beneficiarse de la expansión de los mercados.

Concentrarse en los productos y servicios que desea el consumidor, sin incentivos artificiales para producir productos que el consumidor no necesita.

Integrar plenamente en la PAC la calidad y salubridad de los alimentos, y el bienestar animal.

Potenciar el cumplimiento de las normas medioambientales en el espacio agrario, reduciendo los incentivos negativos para el medio ambiente y fomentando las prestaciones favorables para el mismo.

Prestar más apoyo a los sistemas agrarios tradicionales y de gran valor ambiental.

Llevar el liderazgo en las conversaciones internacionales sobre el sector agrario, presentando una política agraria moderna, positiva para el comercio internacional y los países en desarrollo.

Se mantienen los objetivos de la política agrícola…

La Comisión rechaza la idea de que la agricultura de la UE pueda alcanzar los objetivos que desean los ciudadanos comunitarios eliminando o renacionalizando las ayudas. Ahora bien, tampoco cree que esa agricultura deba limitarse a contemplar pasivamente la evolución de los hechos, sin una política de cara al futuro.

Las propuestas que hoy se presentan responden al mandato otorgado a la Comisión por el Consejo Europeo de Berlín en el sentido de que preparara una revisión intermedia de la Agenda 2000, y se enmarcan en el contexto más general del reciente debate público sobre la política agrícola común (PAC) y su futuro.

Los objetivos de la PAC siguen siendo esencialmente los establecidos en Berlín y ratificados en la cumbre europea de Göteborg, a saber: un sector agrario competitivo, métodos de producción respetuosos con el medio ambiente, productos de calidad que el público desee, un nivel de vida justo y una renta agraria estable para el colectivo rural, una agricultura diversificada, la conservación del paisaje y la ayuda a las comunidades rurales, la simplificación de la política agrícola y el reparto de responsabilidades entre la Comisión y los Estados miembros, así como la justificación del gasto, consiguiendo que el agricultor ofrezca al consumidor lo que éste espera de él.

… Pero se emplean nuevos instrumentos

En esta revisión se busca activamente responder a la preocupación de los ciudadanos europeos sobre la eficacia de la PAC, centrándose en analizar cuál es la mejor manera de ayudar a la agricultura y las zonas rurales de la UE. En aras de una mayor coherencia entre los instrumentos de la PAC, la Comisión propone realizar una serie de ajustes, con el propósito de:

1.Incrementar la competitividad de la agricultura de la UE, haciendo de la intervención una verdadera red de seguridad, que permita a los productores comunitarios responder a las señales del mercado sin perder la protección ante fluctuaciones extremas de los precios. Con este fin, se proponen las siguientes medidas de mercado:

1.1. Cultivos herbáceos

En el sector cerealero, la Comisión propone un último recorte del 5% del precio de intervención, la eliminación de los incrementos mensuales en el precio de intervención de los cereales y de la intervención en el mercado del centeno, y la reforma del sistema de protección fronteriza de la UE, para adaptarlo a los derechos y obligaciones internacionales de la UE.

Además, se propone:

reducir el suplemento específico por el trigo duro e introducir una prima por calidad;

reducir el precio de intervención del arroz para adecuarlo a los mercados mundiales y compensar a los agricultores con ayudas directas;

introducir ajustes en los sectores de forrajes desecados y de cultivos proteicos, y una ayuda permanente al sector de los frutos secos.
1.2. Carne de vacuno

En el sector del vacuno, se propone una importante simplificación del sistema de ayudas directas, a fin de que el productor esté más vinculado a la demanda, en aras de una mayor calidad y salubridad de los alimentos.

Además, se presentan a debate político cuatro opciones alternativas con respecto a las ayudas al sector lácteo.

2. Favorecer una agricultura sostenible y orientada hacia el mercado, desplazando las ayudas del producto al productor mediante un sistema de ayudas por explotación disociadas de la producción, basadas en referencias históricas y condicionadas al cumplimiento cruzado de las exigencias medioambientales, de bienestar animal y calidad de los alimentos.

3. Potenciar el desarrollo rural transfiriendo fondos del primer al segundo pilar de la PAC, mediante un sistema de modulación dinámica obligatorio en toda la UE, y haciendo extensivos los actuales instrumentos del desarrollo rural al fomento de la calidad alimentaria y el bienestar animal, y la consecución de mejores condiciones ambientales.

Encontrará mayor información sobre la revisión intermedia (propuesta de la Comisión, presentación del Comisario Fischler, documentación de referencia, etc.) en la siguiente dirección:

http://europa.eu.int/comm/agriculture/mtr/index_es.htm

La Dirección General de Agricultura ofrece gratuitamente a través del correo electrónico el boletín «Agriculture News Digest». Si desea suscribirse, puede hacerlo en la siguiente dirección:

http://europa.eu.int/comm/agriculture/newsdigest_es.htm

Las propuestas más en detalle

Disociación de las ayudas directas: implantación de una ayuda directa a la renta por explotación

La Comisión propone introducir una ayuda única por explotación, disociada de la producción. En una primera fase, esta ayuda, basada en referencias históricas y adaptada para tener en cuenta la plena aplicación de la Agenda 2000, se aplicará a los cultivos herbáceos, los sectores bovino y ovino, las leguminosas de grano y las patatas de fécula. Se integrarán también en este sistema las ayudas revisadas del arroz, el trigo duro y los forrajes desecados. Más tarde podrían añadirse otros sectores. El pago por explotación se supeditará al cumplimiento de requisitos legales en materia de medio ambiente, bienestar animal y calidad y salubridad de los alimentos («cumplimiento cruzado»).

Aunque el nuevo sistema no abarcará todos los sectores en esta fase, los agricultores que perciban la nueva ayuda disociada podrán cultivar en sus tierras cualquier producto, incluidos aquellos por los que aún se recibe ayuda vinculada a la producción, excepto si su cultivo se excluye expresamente. Como es lógico, seguirán vigentes las normas del régimen de ayudas vinculadas a la producción (p.ej., cuotas, derechos de plantación, etc.). Las ayudas a la renta agraria disociadas de la producción se fijarán por explotación. La cuantía total a que tenga derecho una explotación se fragmentará (derechos de ayuda) a fin de facilitar la cesión parcial de la ayuda en caso de venta o arrendamiento parcial de una explotación.

Esta medida simplificará notablemente las ayudas a los agricultores de la UE. Se incrementará la orientación general de mercado y los agricultores podrán aprovechar íntegramente las oportunidades de aquél, ofertando los productos que demanden los consumidores. Además, la eficiencia de los pagos directos como ayuda a la renta aumentará significativamente, lo que hará que mejore la situación de los agricultores. Por último, cabe señalar que la disociación coadyuvará a la integración de la dimensión medioambiental, pues elimina los incentivos específicos a la producción, que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente.

Potenciación de las normas sobre medio ambiente, salubridad alimentaria, bienestar animal y seguridad en el trabajo

La plena concesión de la ayuda a la renta, disociada de la producción, y otras ayudas directas se supeditará al cumplimiento de toda una serie de normas legales sobre protección del medio ambiente, bienestar animal, salubridad alimentaria y seguridad en el trabajo. La finalidad básica de este cumplimiento cruzado de las normas es favorecer la aplicación de «buenas prácticas agrarias», definidas como un conjunto integral de normas de obligado cumplimiento. En el cumplimiento cruzado de las normas han de tomarse en consideración las diferencias regionales, pero, a fin de evitar el falseamiento de la competencia, es preciso crear condiciones equitativas mediante criterios básicos de aplicación. Los Estados miembros definirán y aplicarán sus propias condiciones, a partir de un marco común de criterio básicos. En los próximos meses, la Comisión iniciará los trabajos para la elaboración de ese marco.

El cumplimiento cruzado se considerará desde una perspectiva integral de la explotación, de modo que tanto las tierras utilizadas como las no utilizadas deberán responder a una serie de condiciones. En relación con las tierras no utilizadas, ello supondrá el cumplimiento de los requisitos legales de gestión, así como la obligación de mantenerlas en buenas condiciones para la explotación agraria. Esta perspectiva integral de la explotación es una consecuencia lógica de la disociación y servirá para resaltar el propósito fundamental del cumplimiento cruzado, a saber, favorecer la aplicación de la legislación sobre medio ambiente, bienestar animal y salubridad alimentaria. Si se incumpliera alguna de estas diversas normas, las ayudas directas se reducirían en proporción al riesgo existente o al perjuicio causado.

Un nuevo sistema de auditoría

Con el fin de satisfacer las expectativas de la sociedad y ayudar a los agricultores a alcanzar los niveles de exigencia de una agricultura moderna y de gran calidad, la Comisión cree necesario implantar y apoyar un sistema de auditoría de alcance comunitario para las explotaciones profesionales, según definición de los Estados miembros basada en la importancia económica. En estas auditorías se comprobarían los flujos de entrada y salida, los métodos aplicados en la explotación y los medios existentes en relación con el medio ambiente, la salubridad alimentaria, el bienestar animal y la seguridad en el trabajo. Muchos agricultores y organizaciones agrarias reconocen la necesidad de aumentar la transparencia y la sensibilización con respecto a los métodos aplicados en las explotaciones. Se otorgarán ayudas para las auditorías a través de los fondos de desarrollo rural. El objetivo general es auditar todas las explotaciones profesionales. Inicialmente, la Comisión propone un sistema de auditoría obligatorio, como parte de los requisitos cruzados, para aquellos agricultores que perciban anualmente ayudas directas superiores a 5000 euros.

Retirada de tierras de la producción con fines medioambientales

Al objeto de mantener las ventajas de la retirada de tierras en el control de la oferta, al tiempo que se refuerzan sus beneficios medioambientales a través del nuevo régimen de ayudas disociadas, la Comisión propone introducir la obligatoriedad de retirar tierras de labranza de la producción durante un período prolongado (10 años). Los agricultores estarían obligados a retirar en su explotación una porción de tierras equivalente a la actual retirada obligatoria de tierras si desean percibir las ayudas directas.

Ayuda a los cultivos energéticos: crédito carbono

Conforme a lo propuesto por la Comisión, el actual sistema de retirada de tierras se sustituirá por otro con fines medioambientales. Actualmente, los cultivos energéticos se ven favorecidos por la posibilidad de dedicar las tierras retiradas a cultivos industriales. Los cultivos energéticos suponen el mayor volumen de la producción no alimentaria de las tierras retiradas. Esto cultivos adquirirán aún mayor importancia si se hace obligatorio el uso de biocombustibles, según prevé la Comisión en una reciente comunicación. Sin embargo, el nuevo sistema de retirada de tierras ya no se prestará a la producción de cultivos energéticos. La Comisión propone sustituir el sistema actual por la producción de cultivos no alimentarios con crédito carbono, una ayuda no específica a los cultivos energéticos en general con el objetivo de sustituir las fuentes de emisión de dióxido de carbono. Esta ayuda será complementaria de las ayudas de inversión y de instalación previstas en el segundo pilar. La ayuda consistirá en 45 euros por hectárea de cultivo, con una superficie máxima garantizada de 1,5 millones de hectáreas, y se pagará a los agricultores que tengan un contrato con una empresa transformadora. La distribución de la superficie entre los Estados miembros se hará teniendo en cuenta la producción histórica de cultivos energéticos en las tierras retiradas y el reparto de la reducción de CO2 según los compromisos adquiridos. El sistema se revisará cinco años después de su entrada en aplicación, atendiendo a la aplicación de la iniciativa de la UE sobre biocombustibles.

Mayor apoyo a una agricultura sostenible y al desarrollo rural…

Un mayor equilibrio entre la política de mercado y la política de desarrollo rural favorecerá la aceptación social de la política agrícola común y aumentará las posibilidades de responder a las preocupaciones del consumidor, medioambientales y de bienestar animal a través del segundo pilar. Por otro lado, aunque la adopción de un sistema de ayudas directas disociadas de la producción reducirá los incentivos que favorecen una producción dañina para el medio ambiente, también puede servir de presión para el abandono de la producción en alguna superficie marginal. La importancia de los instrumentos destinados a favorecer una agricultura sostenible en toda la UE, tales como las ayudas agroambientales y a zonas menos favorecidas y otras medidas del segundo pilar, aumenta considerablemente.

…mediante la modulación dinámica

De cara a conseguir un mayor equilibrio entre los distintos instrumentos de la política, con el objetivo de seguir impulsando una agricultura sostenible, la Comisión propone introducir un sistema de modulación dinámica obligatorio para todos los Estados miembros. Con arreglo a este sistema, todas las ayudas directas se irán reduciendo gradualmente con una progresión aritmética del 3% annual hasta llegar al 20%, reducción máxima acordada en la Agenda 2000. Esto afecta tanto a las ayudas asociadas a la producción como a las disociadas.

Se propone introducir una franquicia que variará en función de la situación de empleo de cada explotación. Hasta un máximo de 2 unidades de trabajo anuales (UTA), a tiempo completo, la franquicia será de 5000 euros. De este modo, la mayor parte de las explotaciones quedarán fuera de la modulación. Por cada UTA adicional, los Estados miembros pueden añadir 3000 euros, si así lo desean. Aunque con esta franquicia unas tres cuartas partes de las explotaciones de Europa estarán exentas de la modulación, ello representará menos de la quinta parte de las ayudas directas a los agricultores.

Con el sistema de franquicias y la modulación, el importe máximo pagado a una explotación será de 300.000 euros. Cuando la cuantía de la ayuda directa sea superior, el excedente se dispondrá para ser transferido al segundo pilar en el pertinente Estado miembro.

Los fondos ahorrados anualmente a través de la modulación se distribuirán a los Estados miembros basándose en la superficie y el empleo agrarios, así como en criterios de prosperidad, para hacer frente a necesidades rurales específicas. De este modo, se reconoce la importante función de la agricultura en el uso y gestión de la tierra en las zonas rurales. El sistema permitirá la redistribución de las ayudas, desplazándolas de los países con cultivo intensivo de cereales y productores de ganado hacia países montañosos y de uso más extensivo de la tierra, con los consiguientes efectos positivos sobre el medio ambiente y la cohesión. El ahorro derivado de la limitación de las ayudas se distribuirá con arreglo al excedente que sobre ese límite arroje cada Estado miembro.

La financiación adicional destinada por el FEOGA, Sección de Garantía, al desarrollo rural, como consecuencia de la modulación dinámica, será de unos 500-600 millones de euros anuales en 2005, según las primeras estimaciones, y aumentará anualmente en un importe equivalente gracias al 3% de incremento de la modulación dinámica.

…y nuevas medidas en pro del medio ambiente, el bienestar animal, la calidad y salubridad de los alimentos

Las actuales medidas se dirigen a la protección agroambiental, las zonas menos favorecidas, la reforestación de tierras agrícolas y la jubilación anticipada. La Comisión propone ampliar estas medidas para dar cabida a las preocupaciones en materia de calidad y salubridad alimentarias, ayudar a los agricultores a adaptarse a la nuevas exigencias e impulsar el bienestar animal.

Se incluirá en el reglamento sobre el desarrollo rural un nuevo capítulo sobre la calidad alimentaria, a fin de alentar a los agricultores a participar en los sistemas de certificación y garantía de la calidad, tales como los de indicación geográfica y denominación de origen o de agricultura ecológica. Se preverá ayuda a las organizaciones de productores para actividades de promoción de los productos agrarios.

La Comisión propone añadir el capítulo «Cumplimiento de las normas» dirigido a ayudar a los agricultores a adaptarse a las exigentes condiciones impuestas por la legislación comunitaria sobre medio ambiente, salubridad alimentaria y bienestar animal, así como a poner en práctica las auditorías.

Asimismo, la Comisión propone introducir en el capítulo agroambiental la posibilidad de otorgar ayudas por el bienestar animal para recompensar todo esfuerzo en ese sentido que vaya más allá de un nivel obligatorio de referencia, como en los regímenes agroambientales. Además, se propone incrementar el importe de la cofinanciación fija en 10 puntos, situándolo en el 85% en las zonas del objetivo nº 1 y en el 60% en las restantes zonas.

Cereales

Siendo la UE uno de los principales exportadores de cereales del mundo, es importante que los precios del mercado interior se aproximen los más posible a los registrados en los mercados mundiales. Ello es necesario a fin de transmitir a los productores las señales del mercado y mantener las exportaciones de la UE sin recurrir a ayudas a la exportación. Por ello, la Comisión cree necesario que la intervención sea una verdadera red de seguridad, aplicando con este fin una reducción definitiva del 5% al precio de intervención (de 101,31 euros/t a 95,35 euros/t) a partir de 2004/05. Los productores de cereales serán compensados conforme a lo previsto en la Agenda 2000. Además, la Comisión propone eliminar el incremento mensual. Esto simplificaría notablemente la gestión del mercado y contribuiría a que aumentara la fluidez de éste en el curso del año. La reciente evolución del mercado ha generado problemas en la aplicación práctica del sistema. En consecuencia, la Comisión tiene previsto promover la negociación de un cambio y una simplificación del sistema de protección fronteriza de la UE en lo que respecta a los cereales y al arroz, ya que, en su forma actual, su funcionamiento es insatisfactorio y no cumple sus objetivos.

Centeno

Si no se adoptan medidas, la situación del mercado de centeno, especialmente desequilibrada, provocará un aumento espectacular de las existencias, siendo las posibilidades de venta en los mercados mundiales muy restringidas. Dado que las posibilidades de eliminación a través de las ayudas a la exportación son limitadas, la Comisión propone prescindir de la intervención en el caso del centeno, medida que, junto al 5% de reducción del precio de intervención de los cereales, permitiría mantener el equilibrio en los mercados de cereales secundarios. Aunque a medio plazo se prevé una caída del precio del centeno, las perspectivas a medio plazo de los cereales, en los mercados internos y externos, comportarían también un mejor equilibrio del mercado del centeno.

Trigo duro

Por lo que respecta al trigo duro, el Tribunal de Cuentas ha manifestado que la cuantía de los suplementos específicos no se justifica por razones económicas y supone compensar a los productores en exceso. Este análisis ha sido confirmado por un estudio de evaluación del sector realizado por expertos independientes, que pone de relieve, además, diversos problemas de calidad. Por ello, la Comisión propone reducir el actual suplemento específico por el trigo duro a 250 euros/ha en las zonas tradicionales, y eliminar la ayuda especial en las demás zonas. Estos cambios se introducirían en un período de tres años. A fin de incentivar la calidad, se propone también introducir una prima específica por tonelada de trigo duro vendido al sector de la transformación al amparo de un contrato en el que se fijen criterios de calidad. Se establecerían requisitos mínimos a escala europea. Se propone que esta prima por alta calidad sea de 15 euros/t y se otorgue a los productores de toda la UE que cumplan esos criterios. En conjunto, con estas medidas se mantiene un equilibrio entre las ayudas a diferentes zonas.

Oleaginosas

Estudios realizados indican que el potencial de producción de la UE no se deteriorará significativamente en el futuro próximo. Por otro lado, la reducción de las garantías del precio de intervención propuesta sería un factor positivo a ese respecto. En consecuencia, no se prevé ninguna medida especial.

Arroz

Vistas las previsiones a largo plazo y la aplicación de la iniciativa «Todo menos armas», y con el fin de estabilizar los mercados del arroz, la Comisión propone reducir el precio de intervención en un 50%, de una sola vez, hasta un precio básico de 150 euros/t para el período 2004/05. Se introducirá un régimen de almacenamiento privado que se activará siempre que el precio de mercado sea inferior al básico. La red de seguridad se fijará en 120 euros/t.

La reducción global del precio se compensará en un 88%, equivalente a la compensación total por cereales de las reformas de 1992 y de la Agenda 2000. Ello supone una compensación de 177 euros/t, que incluye el actual pago de 52 euros/t. De ese importe, 102 euros/t multiplicados por el rendimiento de 1995, según reforma, constituirá un pago de apoyo a la renta satisfecho por explotación. Los restantes 75 euros/t, multiplicados por el rendimiento de 1995, según reforma, constituirán una ayuda específica por cultivo en consideración a la importancia de la producción de arroz en los humedales tradicionales.

Forrajes desecados

El régimen de los forrajes desecados ha sido objeto de no pocas críticas, incluida la del Tribunal de Cuentas en su informe «Ecologización de la PAC». Pese a que el producto final es un producto natural de gran valor alimenticio y una fuente de proteína vegetal, el modo de producción, con un elevado empleo de combustible fósil en el proceso de deshidratación, y el uso de regadío en algunos Estados miembros, despiertan inquietud y críticas. Así pues, la Comisión propone sustituir el actual sistema por una dotación de 160 millones de euros para ayuda a la renta de los agricultores. Esta cuantía se distribuirá entre los Estados miembros en proporción al volumen nacional garantizado de forraje deshidratado y desecado al sol. El derecho de cada agricultor se basará en el volumen entregado a la industria durante un período de referencia histórico. A fin de facilitar la transición a la industria, se mantendrá un único sistema de ayudas simplificado para el forraje deshidratado y el desecado al sol, con un pago reducido de 33 euros/t, reagrupándose las respectivas cantidades nacionales garantizadas

Carne de vacuno

El sistema de ayudas al sector del vacuno se caracteriza todavía por el uso de instrumentos que no han conseguido desalentar la producción extensiva tanto como se esperaba. Por ello, la Comisión propone eliminar los pagos por cabeza y sustituirlos por un sólo pago de apoyo a la renta por explotación, basado en los derechos históricos. Junto a condiciones más estrictas para el cumplimiento cruzado de las normas, esto rebajaría la presión para la práctica de una producción intensiva y contribuiría a equilibrar el mercado. La Comisión tiene previsto también reforzar las condiciones y los controles para la concesión de subvenciones por exportación de animales vivos.

Frutos secos

Vista la importancia de la producción tradicional de frutos secos en la protección y mantenimiento del equilibrio medioambiental, social y rural en muchas regiones, la Comisión propone mantener el régimen de ayuda a este sector, simplificándolo. Se propone, pues, sustituir el actual sistema por un pago a tanto alzado de 100 euros/ha. A ello pueden agregar los Estados miembros hasta un máximo de 109 euros/ha. La superficie máxima garantizada será de 800 000 ha.

Comosión Europea

Deja una respuesta