Michel Barnier, Comisario responsable de política regional y del Fondo de Solidaridad, ha declarado: “Esta decisión es una manifestación de la solidaridad de la Unión con España, ayudando a las regiones afectadas a restaurar su costa y a contribuir a financiar las medidas de emergencia. Se podrán disponer cantidades adicionales en virtud de los fondos estructurales y de cohesión existentes. Su contribución podría superar los 400 millones de euros, incluida una cantidad de INTERREG, contribuyendo así a abordar la cuestión de las consecuencias a largo plazo de la catástrofe”. La Comisaria Michaele Schreyer, responsable de presupuesto, ha añadido: “La Comisión propone asimismo hoy el presupuesto rectificativo correspondiente. Esperamos obtener el apoyo del Consejo y del Parlamento, para que España pueda beneficiarse rapidamente de los 8,6 millones de euros del Fondo de Solidaridad.”
La movilización del Fondo de Solidaridad para la catástrofe del Prestige solo es posible sobre la base de disposiciones excepcionales, ya que los daños no han alcanzado el umbral reglamentario de 3.000 millones de euros.
El 13 de noviembre de 2002, el “Prestige”, un viejo petrolero de 26 años con 77.000 toneladas de aceite pesado a bordo, fue golpeado por una tormenta y se hundió el 19 de noviembre de 2002. Desde entonces, una importante contaminación ha afectado a un gran número de playas y zonas marítimas costeras de la región, con efectos desastrosos para la pesca, la acuicultura y el turismo. Una circunstancia especial de la catástrofe del “Prestige” es no saber con certeza cuándo va a parar la contaminación, puesto que sigue sin ponerse en práctica una solución permanente para neutralizar el accidente. El petróleo que sigue fluyendo del casco hundido está provocando daños importantes en el medio ambiente y las autoridades españolas estiman que más de 330.000 personas que dependen de la pesca y de sectores conexos, incluidos los miembros de sus familias, se ven directamente afectadas por el desastre, a causa de la pérdida de puestos de trabajo o de ingresos.
En el sector del turismo, la cifra de personas afectadas supera las 550.000. En total, las autoridades españolas creen que más de 885.000 personas se verán afectadas por esta catástrofe, con unas pérdidas económicas entre ambos sectores de más de 1.200 millones de euros durante los dos próximos años.
Los pagos del Fondo podrán efectuarse inmediatamente después de la aprobación por el Consejo y el Parlamento Europeo de los necesarios créditos presupuestarios y tras la celebración de un acuerdo entre la Comisión Europea y el Gobierno español sobre la forma en la que se debe utilizar la ayuda.
Para hacer posible una rápida decisión por parte del Consejo y del Parlamento, la Comisión ha adoptado hoy la propuesta correspondiente para movilizar el Fondo de Solidaridad y el anteproyecto de presupuesto rectificativo. Esta última solicitud no cubre créditos de pago y la cantidad necesaria se podrá conseguir mediante reasignación dentro de las cantidades ya presupuestadas. La propuesta será presentada por la Comisaria Schreyer en la reunión del Consejo ECOFIN/ presupuesto de 16 de julio de 2003.
Contexto
A raíz de las inundaciones que afectaron a Europa central en agosto de 2002, se decidió crear un nuevo instrumento europeo que permitiera conceder ayuda de urgencia a los Estados miembros y a los países candidatos en caso de catástrofes importantes. A partir de propuestas de la Comisión de un Reglamento del Consejo por el que se crea un Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y de un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, en noviembre de 2002 se adoptaron decisiones sobre los instrumentos jurídicos y presupuestarios. El Fondo de Solidaridad puede aportar un máximo de 1.000 millones de euros.
Para poder optar a las ayudas del Fondo de Solidaridad, los países afectados por una catástrofe grave deben presentar una estimación de los daños y respetar unos criterios específicos para garantizar que los fondos de la UE se utilizan para responder a las necesidades más urgentes. Una «catástrofe grave» es un hecho que cause daños estimados en más de 3.000 millones de euros o superiores al 0,6% del producto nacional bruto del Estado afectado. En circunstancias excepcionales también se puede beneficiar de la asistencia del fondo una región cuando haya sido víctima de una catástrofe excepcional que afecte a la mayor parte de su población y tenga repercusiones graves y duraderas sobre las condiciones de vida y la estabilidad económica de la región en cuestión. Se prestará una especial atención a las regiones apartadas o aisladas, como las regiones ultraperiféricas.
El presupuesto anual global disponible para catástrofes de carácter regional es de 75 millones, de los que un máximo de un 75%, es decir, 56.250 millones de euros, pueden concederse antes del 1 de octubre. De acuerdo con el nivel de ayuda concedida el año pasado, el porcentaje propuesto de asistencia es del 2,5% del total de daños directos. Sin embargo, la aplicación de este porcentaje conduciría a un importe superior a los límites presupuestarios. En consecuencia, la Comisión propone reducir la ayuda por solicitud proporcionalmente, de forma que, en total, se llegue a 56.250 millones de euros. Los importes individuales son de 8,6 millones para el Prestige, 30,8 millones para Molise y 16,8 millones para Sicilia.
Además, para compensar el perjuicio total, se han identificado otras fuentes comunitarias de financiación en el marco de los instrumentos existentes, en particular en virtud de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión; su contribución deberá ascender, aproximadamente, a unos 400 millones de euros (170 millones de euros del FEDER que incluyen una cantidad en el marco de la iniciativa INTERREG, destinados a lograr una solución definitiva para la neutralización del barco hundido, 10,1 millones de euros del FSE, 91,1 millones de euros del Fondo de Cohesión y hasta 140 millones de euros de IFOP). Por último, las indemnizaciones concedidas por el Fondo internacional de indemnización de los daños causados por la contaminación por hidrocarburos (FIPOL) debería ascender a 150 millones de euros para el conjunto del perjuicio causado a nivel europeo. La cobertura de los daños que pueden cubrirse con estos importes abonados en concepto de compensación debería situarse entre 50 y 64 millones de euros. La Unión Europea, a propuesta de la Comisión Europea, ha alcanzado un acuerdo internacional que, en el futuro, permitirá multiplicar por cinco la indemnización actual, situándola en torno a unos 910 millones de euros.
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