La apertura del acto la llevó a cabo el Delegado de la Consellería de Medio Rural en la provincia de Pontevedra, Amadeo Gonzalo Constela Berqueiro, quien dio paso al Director Xeral de Montes e Industrias Forestales de la Consellería de Medio Rural, Alberte Blanco Casal y al Subdirector de Defensa Contra los Incendios Forestales, José Antonio Portos Mouriño, se encargó de exponer los puntos más destacados de las nuevas políticas forestales gallegas. El acto de clausura de estas sesiones informativas corrió a cargo del Conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal.
La Consellería de Medio Rural fue una clara apuesta por el aprovechamiento del potencial del sector forestal en Galicia baándose en la reordenación de los usos y actividades en el rural, en la puesta en valor del territorio para hacerlo más productivo, en la gestión forestal sostenible y de calidad y sobre todo en la disminución del número de incendios forestales.
Nueva Ley para la prevención de los incendios forestales y el Pladiga
La nueva Ley 3/ 2007, del 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia representa un cambio en la política forestal gallega, segundo el Director Xeral de Montes. Su redacción tiene como objetivo principal la modificación de las leyes que incluso ahora regían el patrimonio forestal para convertirlo en un elemento de dinamismo económico y de creación de empleo, así como la adopción de medidas que frenen los incendios forestales.
El nuevo texto mantiene la existencia de las ZAR (zonas de alto riesgo de incendio) que fueron ampliadas hasta cubrir 195 ayuntamientos lo que supone un total de 1.400.000 hectáreas. Además legisla la elaboración de redes secundarias de biomasa forestal destinadas a la eliminación de combustible en distancias que van desde los 50 incluso los 100 metros en función de la zona sobre las que se establezcan (núcleos rurales, vías de comunicación, tendidos eléctricos, redes ferroviarias).
Una figura importante dentro de la joven ley es el Pladiga, el joven plan de prevención y defensa contra los incendios forestales, que ven la sustituir el antiguo Infoca. Este joven texto aprobado el 27 de mayo pasado pretende convertirse en un instrumento útil para gestionar la planificación de la protección de la superficie arborea gallega. La articulación de este plan plurianual que define los objetivos a conseguir en un año, articulara en función a la posta en marcha de los Pladig, elaborados por los servicios provinciales y los Pladim, elaborados polos ayuntamientos e integrados dentro de los planes municipales de emergencias.
Las principales novedades que presenta son las aplicaciones informáticas que se utilizarán para la gestión de medios y la toma de decisiones. Esta tecnología permitirá transmitir la información a tiempo real desde los distritos, de forma que los focos de lapas estén controlados desde el primer momento y se les puedan asignar los medios y recursos precisos de acuerdo a sus dimensiones. Además también se crearán unidades vecinales y de voluntarios para la vigilancia del monte gallego. Asimismo se pondrán en marcha las quemas por vía telefónica, es decir, los propietarios podrán conseguir los permisos de quema con una simple llamada de teléfono.
Presentación del Banco de Terras de Galiza
En el marco de estas jornadas tuvo lugar a presentación del Banco de Terras de Galicia que se contempla dentro de la ley 7/2007, del 21 de mayo, de medidas administrativas y tributarias para la conservación de la superficie agraria útil y del Banco de Tierras de Galicia de la mano del Director Xeral de Estructuras e Infraestructuras Agrarias, Xosé Carballido Presas.
La creación del Banco de Tierras de Galicia pretende conservar la superficie agraria útil de la comunidad que abarca 700.000 hectáreas lo que supone una cuarta parte del total de la Comunidad. La situación actual se caracteriza por la excesiva fragmentación del territorio (trece millones de parcelas) y por la existencia de pequeñas explotaciones en continuo proceso de abandono que hacen que la tierra agrícola se reduzca considerablemente cada año.
La movilización de la propiedad para evitar este proceso degenerativo se puede lograr mediante la compra de fincas, sin embargo el excesivo precio del territorio hace inviable esta posibilidad. Otra opción es el alquiler pero no hay mucho dinamismo en este sentido ya que el agricultor gallego recela de esta posibilidad por la falta de tradición, la desconfianza en el sistema de arrendamiento, el riesgo de demora en los pagos o por temor a la pérdida o deterioro de la propiedad.
La nueva ley surge para poner fin a esta situación. El Banco de Tierras, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de septiembre, es un órgano público que permite a los propietarios de la tierra depositar sus parcelas para poder ser alquiladas a otras personas por un período de tiempo que él mismo incluso establece mediante contrato.
Este órgano garantiza que acabado el período de vigencia del acuerdo las fincas arrendadas vuelven a manos de su propietario original, que los pagos se mantengan en todo momento de acuerdo al precio establecido y que la tierra se devolverá en iguales condiciones de uso en las que se encontraba cuando fue depositada. Además, las parcelas pueden seguir siendo utilizadas por sus dueños mientras no sean alquiladas. El período de arrendamiento es fijo y seguirá vigente aunque la finca sea vendida o pase a manos de los herederos.
La nueva ley también contempla medidas sancionadoras que pueden llegar a alcanzar los 600 euros para aquellas personas que mantengan su propiedad en situación de abandono pudiendo causar de este modo daños a terceros.
Feria Internacional de Galicia