Contra lo reclamado por la OPA desde que comenzara este problema y también contra lo hablado en las múltiples reuniones celebradas entre la Administración y el sector –la última, el lunes pasado– las quemas se autorizarán únicamente en un 15 por ciento de los 655 municipios a los que han llegado las medidas de control, lo que deja fuera a 455 de ellos.
En ASAJA ha causado sorpresa este “cambio de chip” de la consejera y su equipo, porque los agricultores daban por hecho que el plan de actuación se sustentaba sobre tres medidas: las mecánicas (limpiezas de cunetas e infraestructuras efectuadas en estas últimas cinco semanas), las químicas (tratamiento controlado con clorofacinona) y las quemas de rastrojo, para eliminar las fuentes de alimentación de los topillos y asegurar que la próxima sementera pueda realizarse en unas mínimas condiciones de seguridad. De hecho, la decisión de la Consejería desatiende incluso las peticiones en este sentido remitidas desde las distintas delegaciones provinciales de la Junta.
ASAJA pide a la Junta de Castilla y León que reconsidere esta decisión, con la que “se vuelve a castigar a los agricultores de secano de la región, que ya han perdido más de 30 millones de euros con la plaga, que encima han recibido como indemnización unos pocos o ningún euro por culpa de una normativa tardía y restrictiva, y ahora se les impide unas quemas que eran la mejor herramienta para alejar a los topillos de la próxima siembra”. Por último, y aunque el plan de erradicación de las últimas semanas ha tenido importantes frutos, no hay que olvidar que todavía en Castilla y León existe una importante plaga de topillos y que, si no se aplican de forma coordinada todas las medidas previstas, en lugar de seguir remitiendo las poblaciones pueden recuperar posiciones y avanzar de nuevo.
ASAJA