El diferencial de precios entre lo que se paga por un alimento en origen y lo que desembolsa el consumidor llegó al 474% en diciembre y, en algunos casos, como en el de la patata, calabacín o pimiento verde esa diferencia fue mayor -entre 516% y 591%- para ser «alarmante» respecto a los cítricos.
El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel López, criticó ese diferencial tan elevado en productos de primera necesidad como la patata (528%) y «sospechoso» en los cítricos, en la presentación del Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos en Madrid.
Los consumidores han pagado hasta 22 veces más que lo que perciben los agricultores por el kilo de limones, hasta 16 por las naranjas y 12 veces más por el kilo de clementina, mientras que «hay producción en el campo sin recoger, porque no es rentable».
Respecto a los alimentos de origen ganadero, López criticó que el diferencial en la carne de cerdo haya alcanzado en diciembre el 559% y volvió a incidir en que la media llegó al 474%.
Los consumidores consideran que esta situación «diezma a los agricultores y saquea los bolsillos de los ciudadanos», según el secretario general de la Unión de Consumidores de España (UCE), Juan Moreno, que también habló en nombre de la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU).
Además, apuntó Moreno esta situación se produce ante la «pasividad de la Administración pública» y reclamó una actuación contundente por parte del legislador y de las autoridades de Competencia para evitar que la agroindustria sea refugio de especuladores. Sobre todo, es alarmante, señaló Moreno, que los alimentos en origen bajen y, después, suban de forma importante los precios que tiene que pagar el consumidor.
La gran distribución «nos está apartando del derecho a consumir productos frescos -en referencia a unos márgenes comerciales que llegan de media hasta casi el 500%-«, hizo hincapié Moreno.
Miguel López explicó que existe un marco legal en la ley de Comercio que permite la fijación de precios para alimentos de primera necesidad, otra cosa, resaltó, es que «políticamente se quiera asumir o no» esta posibilidad.
«No es difícil poner marcha el doble etiquetado» para que el consumidor sepa la diferencia entre lo que él gasta y lo que se le pagó al agricultor, pero reconoció «estar ya cansados de pedir transparencia en los mercados» al «no existir voluntad política». Lamentó que «el poder de la distribución es tan tremendo que los Gobiernos esquivan cualquier medida para dotar de transparencia el mercado» de los alimentos. Por ello insistió en que el Gobierno debe considerar al sector agrario, productor de alimentos, como «un sector estratégico y básico. «No es razonable que el consumidor pague entre 12 y 22 veces más por un kilo de cítricos y que se no pida que no cobremos por recogerlos del campo», señaló.
EFEAGRO