“Hay que atender cuanto antes el atraso económico y social del medio rural”. Con esta afirmación inició el presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA); Miguel Castellano su intervención en los Cursos de Verano que anualmente organiza la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
Las jornadas denominadas “III Encuentros Sostenibles: pensar en lo global y actuar en glocalmente: Comunicación, Ciencia y Medio Ambiente” han estado coordinadas por Ezequiel Martínez, periodista y presentador del programa “Tierra y Mar” de Canal Sur Televisión.
Castellano explicó que la política rural en Andalucía se caracteriza por ser un modelo articulado y equilibrado, que garantiza la cohesión y vertebración social, territorial y de mejora la calidad de vida de los ciudadanos que viven en el medio rural mediante un enfoque participativo de la sociedad en la toma de decisiones que afecta a sus intereses.
Con respecto al papel de los Grupos de Desarrollo (GDR), el vicepresidente de la Red española de Desarrollo Rural aseguró que son agentes dinamizadores de los territorios rurales y cuentan además con una sobrada experiencia en la generación de empleo sostenible –casi siempre a partir de presupuestos mínimos—y en la canalización de empleo para los habitantes de esas mismas zonas rurales.
Los GDR –prosiguió- han sido también pioneros en asumir y poner en marcha proyectos de educación ambiental, iniciativas vinculadas a la utilización de energías renovables, propuestas de diversificación de actividades en parques naturales para evitar los incendios y la desertización, empresas de turismo rural, agroturismo y otros muchas iniciativas como la catalogación de senderos, rutas verdes, recuperación y puesta en valor del patrimonio natural, comercialización de productos autóctonos, etcétera.
Así y con respecto al patrimonio natural de las zonas rurales, los Grupos de desarrollo han venido trabajando en la catalogación, inventario e investigación, difusión y concienciación, planificación y puesta en valor y acciones de valorización pública y privada.
Tras recordar los más de 12.000 empleos creados en el medio rural andaluz y 14.000 iniciativas empresariales en este período, el responsable andaluz consideró un acierto “la creación del reglamento Feader” si bien exigió “una mayor dotación financiera” que permita “a los grupos de desarrollo ampliar sus competencias” para seguir atendiendo las necesidades de la población del medio rural. No obstante se mostró convencido de que el Ministerio de Agricultura a través del plan estratégico nacional supla esta deficiencia económica.
En relación al anteproyecto de la ley de desarrollo sostenible del medio rural que se espera que se debata en el Congreso de los Diputados este mes de septiembre, Castellano precisó que plantea una serie de políticas convergentes hacia el medio rural con el objetivo de revitalizarlo y mejorar la calidad de vida de todos los que viven en el.
La futura normativa responde a las experiencias del modelo de desarrollo rural aplicado hasta ahora por los grupos de acción local cuya gestión se basa en la transversalidad de sus actuaciones, participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y aprovechamiento de los recursos endógenos de cada territorio.
“Se trata de una ley muy afortunada y completa ya que, entre otras cuestiones, plantea la creación de un fondo nacional de desarrollo rural que complementaría al FEADER, cuyo montante es insuficiente para poner en práctica una verdadera política de desarrollo rural”.
Informó que la futura ley se configura como una auténtica política de Estado para el desarrollo rural que afecta al 90% de los municipios de España. “En el caso de Andalucía, afecta a más de 3 millones de personas y al 50% de la superficie total andaluza”.
ARA