Desde Asaja se vuelve a reiterar que el sector del olivar requiere medidas inmediatas, y también eficaces, que atiendan la modernización y reconversión urgente del olivar, la vertiginosa caída en los precios, y que promueva, entre otras cuestiones, la integración de todo el mapa cooperativo con el fin de unificar la oferta, destacando además que el anteproyecto es claramente proteccionista.
Esta Ley nace con el amplio rechazo del sector que ha sumado en estos meses múltiples alegaciones al proyecto, a las que se unió el voto en contra de los agentes económicos en el Consejo Económico y Social de Andalucía y el varapalo manifestado por el Consejo Consultivo de Andalucía, el cual señaló que los preceptos están claramente vacíos de contenido y que su redacción contribuye meramente a una inflación normativa que claramente no sirve para nada a los olivareros.
Tras analizar el texto final aprobado por el Consejo de Gobierno, Asaja ha encontrado pocas diferencias con los documentos previos a pesar de las alegaciones anteriormente indicadas. Así se mantienen preceptos vacíos de contenido, otros que se duplican, o inclusión de estipulaciones superfluas. En cuanto a la definición de olivar tradicional (artículo 15) y una de las críticas más importantes emitidas por Asaja, han cambiado la frase “al cultivo históricamente en Andalucía”, por “al cultivado con técnicas agronómicas tradicionales en Andalucía”, sin siquiera definir cuáles son esas técnicas tradicionales, lo cual genera una importante inseguridad jurídica.
También la simplificación en la definición de los principios no parece haberse modificado, se aclara como determinar de forma más clara la composición del Consejo Andaluz del Olivar, donde se instaba a reflejar los criterios que se respetarían a la hora de incluir personas u organizaciones representativas en dicho órgano.
Por tanto, la crisis que atraviesa el olivar no permite asegurar que la nueva Ley mejore la competitividad, sobre todo con precios que se mantienen por debajo del umbral de la rentabilidad. El precio del aceite sigue rondando los dos euros por kilogramo, mientras para alcanzar beneficios el mínimo se sitúa entre los 2,20 euros y los 2,40.
Todo en un contexto en el que este motor del sector agrícola alcanzó en 2010 en Córdoba 282.000 toneladas. A esto se le añade el anuncio, el pasado 24 de enero por parte de la Unión Europea de no dar ayudas para abrir el almacenamiento privado de aceite de oliva, el cual vuelve a ser un jarro de agua fría para el sector que tan sólo tiene margen para el optimismo con el aumento del consumo interno cifrado en un 2,5%, y el crecimiento de las exportaciones que se colocan en un 22%.
Ante este escenario de gran incertidumbre para el olivar, Asaja Córdoba pide una vez más con contundencia a la Junta, la búsqueda de soluciones efectivas y no el desarrollo de legislación que en vez de instaurar mecanismos concretos y rápidos para hacer viable al sector, genera una importante pérdida de tiempo y lastra notablemente la modernización futura del mismo. El olivar necesita más gestión y menos legislación.
ASAJA