Un total de 439 de los 785 eurodiputados con los que cuenta la Eurocámara, con representación de todos los partidos políticos, han firmado dicha declaración dirigida a la Comisión, en la que reclaman que se investiguen y acoten las prácticas abusivas de los grandes supermercados europeos.
La Declaración insta, en concreto, a la Dirección General de Competencia a que investigue ´el impacto de la concentración de las cadenas de supermercados sobre la pequeña y mediana empresa, los suministradores, trabajadores y consumidores, y evaluar cualquier abuso de poder de compra que pueda derivarse de esa concentración´.
Además, solicita a la Comisión ‘que proponga las medidas adecuadas, incluidas las de carácter regulador, para proteger a consumidores, trabajadores y productores de cualquier abuso de posición dominante o impacto negativo que se identifique en el curso de la investigación´. La Comisión se verá así forzada a hacer un análisis en profundidad de la situación y sentará la base para posibles medidas legislativas.
Este hecho supone un paso importante para la industria alimentaria española ya que refuerza su denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo por la incorrecta transposición de la Directiva de Morosidad 2000/35/CE, así como el proceso de revisión de la mencionada Directiva que ha abierto la Dirección General de Empresas e Industria de la Comisión Europea.
Supondrá, asimismo, un precedente para conseguir un marco equilibrado en las relaciones comerciales a nivel europeo y evitar los plazos de pago dilatados y el cobro de servicios no prestados.
La situación en Europa
En la Unión Europea operan actualmente 309.000 compañías, de las que 9 de cada 10 son de pequeña y mediana dimensión. En total emplean al 13,4% del sector industrial -unos cuatro millones de trabajadores- y generan el 14% de la producción industrial de la UE.
Esta estructura contrasta con la de las cadenas de distribución, no solo en España, sino en toda Europa donde, según datos Nielsen, sólo las tres principales cadenas de distribución acaparan el 91% del total del mercado en países como Suecia, el 86% en Dinamarca o el 55% en España. Las prácticas abusivas de éstas ponen claramente en peligro la competitividad de la industria alimentaria europea.
Entre las medidas que la industria alimentaria solicita para paliar esta situación se encuentra un periodo máximo para los plazos de pagos de 30 días y otorgar legitimación a las organizaciones empresariales para denunciar, en nombre de sus empresas miembro, situaciones de posición de dominio por cláusulas abusivas en los contratos proveedor/cliente, entre otras.
FIAB