Esta masiva entrada de biodiésel norteamericano, realizada en su mayor parte por las principales empresas petroleras españolas, está provocando el colapso de la industria nacional de producción de biocarburantes justo cuando, en cumplimiento de la planificación energética nacional, la capacidad instalada se ha multiplicado por tres en el último año, hasta superar las 800.000 toneladas en un total de 22 plantas operativas. Muchas de estas factorías se encuentran actualmente en una situación crítica de parada o bajo nivel de producción.
Con vistas a solucionar esta situación, APPA Biocarburantes ha presentado al Gobierno un dictamen jurídico del bufete Garrigues que avala la reclamación de modificar la actual legislación fiscal para evitar que los biocarburantes importados con subvención en origen, como son ahora los procedentes de Estados Unidos, se beneficien al llegar a España del vigente tipo cero en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH). Con esta reforma legal se reestablecería una situación competitiva justa y leal, evitando a los contribuyentes españoles una subvención al biodiésel norteamericano de casi 50 millones de € en 2007.
“En caso de que el Gobierno no adopte de inmediato las medidas regulatorias estructurales necesarias para frenar las importaciones masivas de biodiésel subvencionado –y paralelamente apruebe el proyecto de Orden de desarrollo de las
obligaciones de biocarburantes con los mismos objetivos presentados el pasado mes de julio–, toda la política de fomento de los biocarburantes de esta legislatura se hundirá irremisiblemente como un castillo de naipes”, asegura Roderic Miralles, Presidente de APPA Biocarburantes.
Este derrumbe sepultará los más de 200 millones de € ya invertidos por la industria española de biodiésel –en muchos casos con ayudas públicas directas–, destruirá los centenares de puestos de trabajo creados en los sectores primarios y secundarios y hará imposible el cumplimiento de los objetivos ambientales, socioeconómicos, geoestratégicos y de desarrollo agroindustrial fijados en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, fundamentados en la producción autóctona de biocarburantes. “Si este escenario desgraciadamente se acaba concretando, la política del Gobierno en materia de biocarburantes de estos últimos cuatro años habrá sido finalmente un fiasco”, lamenta Miralles.
El impacto del crédito fiscal norteamericano en España En Estados Unidos el biodiésel se beneficia de un crédito fiscal establecido en 2004 por la American Jobs Creation Act y prorrogado en 2006 por la Energy Bill. Este beneficio fiscal asciende a 1 dólar USA por cada galón (3,8 litros) de biodiésel mezclado con gasóleo, lo que en la práctica significa que, añadiendo una sola gota de gasóleo, se obtiene un subsidio de 0,20 euros por cada litro de biodiésel,
independientemente de que este biocarburante se consuma en Estados Unidos o sea exportado a otros países.
Una vez en España, el biodiésel importado desde Estados Unidos se beneficia, sin ninguna cortapisa, del tipo cero en el IEH establecido para promover los biocarburantes, lo que supone actualmente 0,278 euros por litro. Teniendo en
cuenta la suma de ambos beneficios fiscales, el biodiésel procedente de Estados Unidos se está poniendo actualmente a la venta en España por debajo de 0,66 €/litro (750 € por tonelada), cuando el coste estándar de producción en las fábricas españolas se sitúa en estos momentos en importes superiores a 0,75 €/l (850 € por tonelada), el mismo coste que tendrían las fábricas estadounidenses si no contasen con el crédito fiscal.
Esta injusta situación no resulta siquiera aliviada por los mecanismos arancelarios vigentes ya que el actual gravamen aplicable en la Unión Europea al biodiésel importado de Estados Unidos y del resto de países sin acuerdos preferenciales con la UE –un 6,5% sobre el valor del producto– resulta totalmente insuficiente para compensar el mencionado beneficio fiscal en origen. “De no ponerse coto a este dumping fiscal, las importaciones subvencionadas – ahora las norteamericanas pero en breve las de otros países, como Argentina, que también otorgan ayudas a la exportación– pueden hacerse con la práctica totalidad del mercado español de biodiésel, condenando a la industria española a cerrar sus puertas”, augura Roderic Miralles.
“Se daría así la paradójica y aberrante situación”, prosigue Miralles, “de que el establecimiento de una obligación de biocarburantes en España a partir de este año –establecida mediante la Ley 12/2007 pero pendiente de su desarrollo
reglamentario–, sólo serviría para realimentar la competencia desleal de las importaciones, que vendrían a copar el mercado español de biodiésel en detrimento de una industria nacional, que imposibilitada de poder competir en su mercado natural, no tendría otra opción más que la de desaparecer”.
La situación ya está afectando gravemente a muchas de las veintidós plantas de biodiésel actualmente operativas en España, que se han visto obligadas a reducir o detener su actividad. Si no se toman medidas urgentes, buena parte de la industria nacional se verá irremediablemente abocada al cierre.
APPA Biocarburantes considera que la mejor manera de acabar desde España con la competencia desleal que suponen estas importaciones, creando un marco estructural de salvaguarda ante este y futuros casos similares, es la de condicionar
la actual aplicación a los biocarburantes importados de fuera de la UE del tipo cero en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) a que sus importadores demuestren documentalmente estar libres de subvenciones o créditos fiscales en origen. Con tal fin, se ha presentado ya al Gobierno un dictamen jurídico que avala esta propuesta, cuya implementación requeriría la modificación del actual Reglamento de Impuestos Especiales conforme a una redacción articulada propuesta por APPA Biocarburantes.
El papel de las petroleras españolas
Un elemento que hace más perversa y lamentable la situación actual es que son las grandes empresas petroleras españolas las principales importadoras del biodiésel norteamericano que está llegando a España. Los mismos operadores que hasta la fecha han frenado el desarrollo y la visibilidad comercial del biodiésel en sus gasolineras, aprovechando el control oligopolístico que ejercen en la distribución de carburantes, se están lucrando sigilosamente de esta anómala situación, sin trasladar a los consumidores el ahorro extra que ello les reporta.
Aunque la actuación importadora de estas petroleras es legal y legítima, según sus particulares intereses económicos, la misma va en detrimento del cumplimiento de los fines de desarrollo agroindustrial autóctono de la política española de fomento de la producción de biocarburantes. APPA Biocarburantes considera por ello que estas empresas deberían apostar a fondo por la línea, ciertamente ya iniciada, de aprovisionamiento de biodiésel de producción nacional.
Gracias a este favorable contexto, la industria norteamericana de biodiésel ha podido doblar en un sólo año su producción hasta alcanzar en 2007 la cifra de 1,7 millones de toneladas, procedentes de 165 plantas operativas, según datos de la Asociación Americana de Biodiésel (NBB). Ello supone que el 9% de la producción de biodiésel de Estados Unidos ha acabado en 2007 en el mercado español.
Si se tiene en cuenta que la importación de biodiésel procedente de Estados Unidos en el conjunto de la Unión Europea, según las estimaciones de la Asociación Europea de Biodiésel (EBB), ha superado en 2007 el millón de toneladas resulta, por tanto, que casi el 60% de la producción estadounidense de biodiésel se destinó el año pasado al Viejo Continente, el primer mercado mundial consumidor de gasóleo y sustitutivos del mismo como el biodiésel.
De acuerdo con una estimación provisional de APPA Biocarburantes, la producción de la industria española de biodiésel, con veintidós plantas operativas a 31 de diciembre de 2007, se situó el año pasado sobre las 170.000 toneladas,
destinándose al mercado nacional el 90% de las ventas realizadas. En relación al año anterior, la producción y las ventas de las fábricas nacionales en 2007 sólo se han incrementado en algo más del 30% pese a que la capacidad instalada se ha multiplicado por tres, superando ya las 800.000 toneladas.
APPA