De la nueva superficie, se destinarán ocho hectáreas a la investigación de nuevas tecnologías en la fresa, a través de una Fundación participada por la propia Junta, y otras ocho, a experiencias de agricultura ecológica, aún sabiendo las dificultades que hay en esa zona para obtener agua legal.
Hay que recordar que, en julio del pasado año, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir intentó cerrar un pozo ilegal en esa misma zona, donde el acuífero está declarado sobreexplotado y no es posible autorizar nuevas extracciones de agua. La oposición en bloque de los agricultores, unida al compromiso de la Consejería de Agricultura de buscar una solución a la situación precaria de la zona fresera (con más de 2.300 hectáreas en Monte Público, 450 en Espacios Naturales Protegidos y alrededor de 1.000 pozos ilegales), ha impedido que la Confederación cumpla con su obligación de cerrar los pozos ilegales.
Sin embargo, la agricultura intensiva de regadío sigue avanzando apoyada en pozos ilegales. Todo ello a pesar de la aprobación por Consejo de Gobierno, el 5 de diciembre de 2007, de una orden para elaborar un Plan Especial para la zona noroeste de Doñana. Este plan surgió en respuesta a las demandas de los agricultores y los ayuntamientos que reclamaban “voluntad política”, y a las denuncias de WWF/Adena y otras organizaciones conservacionistas. Tanto los Ayuntamientos de la Comarca de Doñana, como las Consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y Obras Públicas firmaron el Documento de Adhesión al Plan Especial que debía reordenar la agricultura de la comarca.
WWF/Adena sostiene que debe cesar cualquier crecimiento o modificación del espacio agrario en Doñana, hasta que no se apruebe el Plan Especial y se solucione el caos actual en el uso del suelo y el agua. Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF/Adena, señala: “Nuestra organización apoya la investigación en el cultivo de la fresa y la producción ecológica, pero siempre que use legalmente el suelo y el agua. Sin embargo, las iniciativas que se pretende poner en marcha llegan en un momento inapropiado. Si estas investigaciones y experiencias resultan tan urgentes, lo lógico es que el Ayuntamiento de Almonte, los agricultores y los organismos interesados, soliciten a la Junta de Andalucía una mayor celeridad en la puesta en marcha del Plan Especial. Algo que todos deseamos”.
WWF/Adena