El grupo socialista que éste no era un requisito en la convocatoria de ayudas, en un comunicado, indicaron que la Consejería amenaza con solicitar la devolución de las ayudas, que en algunos casos pueden llegar a los 160.000 euros, cuando los beneficiarios cumplieron todos los requisitos de justificación de la convocatoria realizada por la Junta de Castilla y León.
La Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno autonómico, a través de una instrucción de la Dirección General de Industrialización Agraria firmada el 18 de enero de 2010, ha solicitado a los titulares de explotaciones agrarias que solicitaron expedientes de ayudas sobre mejoras estructurales y modernización de explotaciones (RD.613/01), cuyos expedientes se acogieron a las convocatorias hasta el año 2006, la justificación de los pagos de las inversiones mediante transferencias bancarias.
Sin embargo, las mismas fuentes indicaron que en las convocatorias publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León para solicitar estas ayudas, los solicitantes no estaban obligados a justificar sus inversiones mediante transferencias bancarias y sólo era necesario presentar una factura de la inversión realizada.
El PSOE considera que estos agricultores y ganaderos recibieron la ayuda a la modernización de sus explotaciones cumpliendo con todos los requisitos de la Consejería de Agricultura que exigía en la Orden de convocatoria.
En este sentido, los socialistas creen que la instrucción que firma el director general de Industrialización y Modernización Agraria, el 18 de enero de 2010 llega muy tarde porque establece el procedimiento que deben seguir los técnicos de la Consejería en las nueve provincias para controlar administrativamente la justificación de gastos de los expedientes en aplicación del Reglamento relativo a la Ayuda al Desarrollo Rural a través del Feader.
«Es decir, es una instrucción que debería haberse emitido hace cuatro años cambiando los requisitos de justificación en las órdenes que en Castilla y León convocaban estas ayudas», indicó el procurador socialista Manuel Fuentes.
Europa Press