La Junta de Castilla y León rechazó el texto del Proyecto de Estatuto Básico del Empleado Público presentado por el Ministerio de Administraciones Públicas al considerar, entre otros motivos, que llevará “de forma ineludible, al menos, a 19 modelos de Función Pública distintos”. Desde el Gobierno de la Comunidad se considera que esto provocará la imposibilidad de la movilidad de funcionarios, importantes diferencias retributivas con importantes agravios comparativos y, con ello, un deterioro efectivo de los servicios públicos.
Este y otros argumentos quedaron plasmados en un documento de rechazo firmado hoy en Zaragoza, en el marco de la Comisión de Coordinación de la Función Pública, por los responsables de Función Pública de las comunidades autónomas de Castilla y León, Madrid, Murcia, La Rioja, Valencia e Illes Balears así como por los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En representación de la Junta de Castilla y León asistieron a la reunión el secretario general de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, Manuel Ferreira Recio, y la directora general de Función Pública, Beatriz Escudero Berzal.
En el citado documento se exponen varias razones de “total rechazo” al Proyecto de Estatuto Básico del Empleado Público. Entre ellas está que consideran que el estatuto “no es básico ya que no va a ser de aplicación a todas las comunidades y ciudades autónomas del Estado Español”. En este sentido, el documento firmado recuerda que el artículo 136 del Proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas Catalanas.
Por otra parte, los firmantes consideran que el modelo de Función Pública presentado supone la quiebra de la actual organización territorial fijada por la Constitución Española de 1978 a tenor del texto articulado del Estatuto de Cataluña, aprobado por la Comisión Constitucional con fecha 21 de marzo, generándose con ello una incoherencia en el desarrollo de la legislación básica en materia de Función Pública.
Además, el documento firmado indica que el proyecto del Ministerio carece de un modelo general de Función Pública que acarrea desigualdades en el ámbito de aplicación, la ordenación de la Función Pública, el sistema retributivo, los derechos y deberes, el sistema de acceso y la negociación colectiva.
Por último, los firmantes exigen, al igual que manifestó la Federación Española de Municipios y Provincias en una carta dirigida al Ministerio de Administraciones Públicas, que se lleve a cabo una regulación específica de la Función Pública Local que establezca el mismo régimen de derechos y obligaciones con independencia de la Comunidad Autónoma.
En consecuencia, la declaración firmada propone retomar el Anteproyecto de Estatuto Básico de Función Pública negociado y acordado en el año 1999 con todas las comunidades y ciudades autónomas presentes en la Comisión de Coordinación de la Función Pública, con las organizaciones sindicales más representativas y con la Federación Española de Municipios y Provincias, empleando como inicio de los trabajos el texto que ya fue informado favorablemente por el Consejo de Estado
Junta de CyL