La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente considera la propuesta de reforma de la Política Agraria Comunitaria como absolutamente negativa para Extremadura ya que perjudica seriamente a las regiones clasificadas como objetivo 1, entre las que se incluye la Comunidad Autónoma
La profunda reforma de la Política Agraria Comunitaria propuesta por el Comisario de Agricultura de la UE en un documento que debería haber contenido un análisis del impacto de la Agenda 2000, en cuanto a la aplicación de las reformas realizadas en la misma y las posibilidades futuras, tendrá unas consecuencias para Extremadura difícilmente explicables dentro de la política europea, según entiende la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Modulación
Mención especial, merecen dos aspectos que tendrán suma trascendencia en Extremadura: la modulación y el desacoplamiento de las ayudas. En cuanto a la modulación propuesta por la Comisión, se trata realmente de una reducción lineal y discriminatoria de las ayudas en la que no se cuenta con correcciones y por la que se pretende reducir sin más, las ayudas al ritmo del 3% anual hasta llegar al 20%., al parecer por cuestiones presupuestarias únicamente.
El documento favorece además a las regiones no incluidas en la clasificación de objetivos, sobre las regiones objetivo 1 entre las que se encuentra Extremadura, ya que el dinero procedente de la aplicación de la modulación se destinará a los programas de Desarrollo Rural, financiados por el Feoga Garantía, pero de los que las regiones de objetivo 1 solamente se beneficiarán de los fondos destinados a las medidas de acompañamiento, mientras que en las no incluidas en objetivos se aplicarán todas las medidas de Desarrollo Rural.
La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente entiende que la modulación de las ayudas de la PAC debería significar la consecución de un objetivo que persiga la equidad entre las explotaciones, ya que evidentemente las mayores tienen menores costos. La modulación propuesta por la Comisión no es tal, sino simplemente una reducción lineal, donde soportará el mismo tipo una explotación que percibe 10.000 eruos, que la que percibe 250.000.
Todo parece indicar, que el único fin que persigue es conseguir dinero para la ampliación, olvidándose absolutamente de posibles correcciones que serían imprescindibles en Extremadura, sin garantizar que el dinero que se aplica por la modulación tenga su destino en la misma región de donde procede.
Desacoplamiento
La otra medida prevista, el desacoplamiento de las ayudas, trata de ligar los pagos a determinados derechos históricos, sin tener en cuenta lo que se cultive a partir de ese momento, lo que supondría automáticamente la consolidación de situaciones de desequilibrio. Es también preocupante la posibilidad de adaptar derechos a pagos individuales según criterios nacional, que significa una renacionalización de la PAC, y por tanto perder el verdadero espíritu de la Política Agraria Europea.
Además, el desacoplamiento podría suponer un impacto en el medio rural que es difícil de imaginar, ya que por una parte podría existir una escalada de especulación entre distintas explotaciones con derechos históricos y otras que no, así como una modificación en las estructuras económicas de las explotaciones. Sería más perjudicial para las zonas desfavorecidas o explotaciones pequeñas, donde los costes de producción son mayores y tienen menores posibilidades de realizar producciones rentables con salidas en el mercado.
Por otra parte, al quedar flexibilizadas la plantaciones de todos los productos, significaría un cambio en la localización de producciones actuales.
Cultivos perjudicados
Las propuestas de reforma de algunos sectores y cultivos pueden significar, sin lugar a equívoco alguno, automáticamente la desaparición de los mismos en Extremadura. Concretamente el del arroz, tan importante en la región, que es actualmente la segunda productora con más de 24.000 hectáreas, puede desaparecer absolutamente si se lleva a cabo una reducción tan drástica del precio de intervención al pasar de casi los 300 euros por hectárea, a un almacenamiento privado con une red de seguridad publica de 120 euros, que en ningún caso se compensaran con el incremento de las subvenciones.
Otro sector que se verá afectado en Extremadura es el trigo duro, tanto en la zona tradicional, que es toda la provincia de Badajoz, como las dos comarcas de Cáceres, calificadas como zona no tradicional, ya que en la primera el suplemento pasara de 344 euros a los 250, desapareciendo el suplemento en la zona no tradicional.
El mayor motivo para entender que a Extremadura perjudica la propuesta de la Comisión, es que EEUU, que recientemente presentaba la nueva Farm Bill 2002, que contiene una propuesta basada en incremento importante de los fondos para los agricultores y ligazón de las ayudas a las producciones y precios, acogía muy favorablemente la propuesta de la Comisión, basada justo en lo contrario, disminución de los fondos y alejamiento de las ayudas tanto de las producciones como de los precios.
La Junta de Extremadura considera oportuno hacer ver al Gobierno de España que sin su voto favorable no avanzará la reforma propuesta por el Comisario Europeo.
Junta de Extremadura