Nota de ASAJA-Sevilla
La decisión del Tribunal Supremo de condenar a la Junta de Andalucía a pagar cerca de 180.000 euros al dueño de una finca dañada por las aves de Doñana es una buena noticia para los agricultores. El Supremo hace responsable en la sentencia al Gobierno andaluz de los daños causados por las aves del Parque de Doñana en los terrenos de los propietarios de una finca, cuando debido a la terrible sequía que sufrió Andalucía entre noviembre de 1995 y enero de 1996, éstas se vieron obligadas a buscar alimento en los terrenos colindantes.
Desde La decisión del Tribunal Supremo de condenar a la Junta de Andalucía a pagar cerca de 180.000 euros al dueño de una finca dañada por las aves de Doñana es una buena noticia para los agricultores. El Supremo hace responsable en la sentencia al Gobierno andaluz de los daños causados por las aves del Parque de Doñana en los terrenos de los propietarios de una finca, cuando debido a la terrible sequía que sufrió Andalucía entre noviembre de 1995 y enero de 1996, éstas se vieron obligadas a buscar alimento en los terrenos colindantes.
Desde ASAJA-Sevilla valoramos la sentencia del Supremo, que ha rechazado el recurso que el Gobierno andaluz interpuso contra una sentencia dictada en 2003 por el Tribunal Superior autóctono, en la que se estableció el pago de 179.920 euros como indemnización para los propietarios de las zonas afectadas. La Junta de Andalucía admitió entonces la existencia de los daños, pero defendió que no estaba obligada a dar de comer a las aves en caso de sequía salvo tratarse de especies protegidas. El supremo afirma en la sentencia que la Administración competente era consciente desde 1989 de la falta de encharcamiento suficiente en las marismas en épocas de sequía estival para albergar todos los contingentes de aves acuáticas, no tomando las medidas preventivas, y destaca, refiriéndose al Parque de Doñana, que existió una “deficiente gestión de la Administración en 1995 en un espacio tan relevante desde el punto de vista científico y ambiental como el relativo al cuidado y alimentación de las aves en el ámbito de su espacio natural”.
La sentencia del Supremo viene a coincidir con la postura que desde ASAJA-Sevilla siempre hemos defendido, al entender que la protección de las especies es una obligación de todos, por lo que las responsabilidades también han de asumirse por toda la ciudadanía y los poderes públicos, y no sólo por los agricultores y ganaderos. Desde ASAJA-Sevilla hemos solicitado reiteradamente que la Junta de Andalucía se responsabilice de los daños producidos por la avifauna, máxime cuando no se tomen medidas preventivas para evitar que estas especies busquen en otros terrenos el alimento que deberían encontrar en su espacio natural.
ASAJA-Sevilla ha venido denunciando reiteradamente que los daños causados por aves es uno de los principales problemas a los que los agricultores de la Marisma sevillana, especialmente de Puebla del Río, Isla Mayor, Coria del Río y Aznalcázar, deben hacer frente cada año. En un año de producción normal en el arrozal sevillano, por ejemplo, se presentan más de 250 denuncias por un importe total que llega a superar 1.200.000 euros sólo por daños causados por el Calamón o Gallo Azul. Pese a las denuncias de ASAJA o de los agricultores, la respuesta empecinada de la Administración autonómica ha sido siempre la negativa, frente a la postura adoptada por otras Autonomías, incluso gobernadas por el PSOE, que hacen frente a los daños causados por la fauna silvestre, como ocurre en Extremadura, Cantabria o más recientemente en Valencia, donde su Gobierno autonómico, a petición de ASAJA-AVA, ha adoptado una línea reglamentaria que tiene por objeto compensar los daños del Calamón en el arrozal valenciano.
Esta situación es aún más contradictoria si tenemos en cuenta que el propio artículo 17.2 de la Ley Andaluza de Flora y Fauna Silvestre obliga a compensar a los propietarios por los efectos que las especies silvestres causen sobre los cultivos o ganados, una Ley que fue propuesta y sacada adelante por el Gobierno y el partido que lo sustenta.
Desde ASAJA-Sevilla entendemos que, con esta sentencia, que eleva a firme la línea jurisprudencial del TSJA que hemos defendido reiteradamente, debe quedar expedito el camino para el cobro de las correspondientes indemnizaciones a agricultores y ganaderos por los daños causados por la fauna silvestre, por lo que solicitamos a la Consejería de Medio Ambiente la constitución de una mesa de trabajo que protocolice automáticamente el sistema de indemnización para cuando se produzcan estos daños.
valoramos la sentencia del Supremo, que ha rechazado el recurso que el Gobierno andaluz interpuso contra una sentencia dictada en 2003 por el Tribunal Superior autóctono, en la que se estableció el pago de 179.920 euros como indemnización para los propietarios de las zonas afectadas. La Junta de Andalucía admitió entonces la existencia de los daños, pero defendió que no estaba obligada a dar de comer a las aves en caso de sequía salvo tratarse de especies protegidas. El supremo afirma en la sentencia que la Administración competente era consciente desde 1989 de la falta de encharcamiento suficiente en las marismas en épocas de sequía estival para albergar todos los contingentes de aves acuáticas, no tomando las medidas preventivas, y destaca, refiriéndose al Parque de Doñana, que existió una “deficiente gestión de la Administración en 1995 en un espacio tan relevante desde el punto de vista científico y ambiental como el relativo al cuidado y alimentación de las aves en el ámbito de su espacio natural”.
La sentencia del Supremo viene a coincidir con la postura que desde ASAJA-Sevilla siempre hemos defendido, al entender que la protección de las especies es una obligación de todos, por lo que las responsabilidades también han de asumirse por toda la ciudadanía y los poderes públicos, y no sólo por los agricultores y ganaderos. Desde ASAJA-Sevilla hemos solicitado reiteradamente que la Junta de Andalucía se responsabilice de los daños producidos por la avifauna, máxime cuando no se tomen medidas preventivas para evitar que estas especies busquen en otros terrenos el alimento que deberían encontrar en su espacio natural.
ASAJA-Sevilla ha venido denunciando reiteradamente que los daños causados por aves es uno de los principales problemas a los que los agricultores de la Marisma sevillana, especialmente de Puebla del Río, Isla Mayor, Coria del Río y Aznalcázar, deben hacer frente cada año. En un año de producción normal en el arrozal sevillano, por ejemplo, se presentan más de 250 denuncias por un importe total que llega a superar 1.200.000 euros sólo por daños causados por el Calamón o Gallo Azul. Pese a las denuncias de ASAJA o de los agricultores, la respuesta empecinada de la Administración autonómica ha sido siempre la negativa, frente a la postura adoptada por otras Autonomías, incluso gobernadas por el PSOE, que hacen frente a los daños causados por la fauna silvestre, como ocurre en Extremadura, Cantabria o más recientemente en Valencia, donde su Gobierno autonómico, a petición de ASAJA-AVA, ha adoptado una línea reglamentaria que tiene por objeto compensar los daños del Calamón en el arrozal valenciano.
Esta situación es aún más contradictoria si tenemos en cuenta que el propio artículo 17.2 de la Ley Andaluza de Flora y Fauna Silvestre obliga a compensar a los propietarios por los efectos que las especies silvestres causen sobre los cultivos o ganados, una Ley que fue propuesta y sacada adelante por el Gobierno y el partido que lo sustenta.
Desde ASAJA-Sevilla entendemos que, con esta sentencia, que eleva a firme la línea jurisprudencial del TSJA que hemos defendido reiteradamente, debe quedar expedito el camino para el cobro de las correspondientes indemnizaciones a agricultores y ganaderos por los daños causados por la fauna silvestre, por lo que solicitamos a la Consejería de Medio Ambiente la constitución de una mesa de trabajo que protocolice automáticamente el sistema de indemnización para cuando se produzcan estos daños.
ASAJA-Sevilla