La Junta Rectora de La Albufera de Valencia respalda el mayor plan de proteccion de su historia

La Junta Rectora del Parque Natural de La Albufera, integrada por entidades vinculadas a la gestión de este lago, ha dado el visto bueno al nuevo PRUG, que avanza en la protección de este parque natural declarado en 1986. Este Plan Rector nace del diálogo con la sociedad civil y los principales agentes sociales, económicos e institucionales. y supone un “antes y un después” en la situación ambiental de este parque natural.

El PRUG es un avance “porque -según el titular de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco-, mejora los mecanismos de conservación, amplía las zonas de protección e implanta estrategias de desarrollo sostenible”.

Blasco ha apelado al carácter “conservacionista” del Plan Rector porque se erige en la garantía de que “no se permitirá en ningún caso la especulación urbanística ya que se refuerzan los mecanismos de protección de este espacio”. La política proteccionista del Consell se refleja en las inversiones de mejora del parque que ascienden a 1.471.025 euros, ha informado el titular de Territorio y Vivienda.

Afirmación inequívoca de protección

La Junta Rectora del Parque Natural ha realizado una afirmación inequívoca de la protección del humedal más importante de la Comunidad Valenciana. Con la normativa que se ha refrendado, todo el Parque Natural, salvo los suelos urbanos, queda clasificado, sin posible confusión, como Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

El nuevo plan atenderá, a juicio de Rafael Blasco, necesidades actuales que hasta ahora no estaban cubiertas en la normativa reguladora del parque. De hecho, el PRUG atiende la realidad social y calidad de vida de sus habitantes, mejora la estructura territorial y mejora los mecanismos de participación. En este sentido, la Junta Rectora se ampliará con la presencia de representantes de la Acequia Real del Júcar, Canal Río Turia, Comunidad Regantes de Sueca, Asociación de Propietarios y Empresarios del Parque Natural y un miembro más por los colectivos conservacionistas, que se añadirán a la Sociedad Española de Ornitología, universidades, sociedades de cazadores, cofradías de pescadores y organizaciones agrarias que ya forman parte de la citada Junta.

Los mecanismos de protección del parque natural quedarán reforzados. Así se creará un Área de Reserva de 700 hectáreas en la que se incluirán zonas de elevado valor ambiental; 2.800 hectáreas de uso restringido en las que la conservación sea compatible con el disfrute de baja intensidad del pinar y las dunas o mayores limitaciones de acceso en un sector de la devesa.

Los Planes Generales de Ordenación Urbana municipales no podrán recalificar terrenos de especial interés medioambiental. Asimismo, se exigirá en todo caso una Evaluación de Impacto Ambiental, dado que el suelo del parque natural de L’Albufera es de carácter No Urbanizable Protegido

Finalidad social

El Plan Rector no permitirá actuaciones que afecten a suelo con valor ambiental del parque natural. Cualquier excepción a esta regla general, ha añadido Blasco, responderá exclusivamente a “demandas básicas” de municipios y colectivos sociales del entorno del parque, “que se atenderán siempre que respondan a necesidades sociales como centros escolares, sanitarios o abastecimiento de agua potable, y siempre que no exista ningún tipo de impacto ambiental”.

“Las únicas actuaciones han sido aquellas que no generarán impactos ambientales en el parque y que sólo afectarán a 8,14 hectáreas, es decir, el 0,03% de la superficie del mismo”, ha explicado Blasco.

En el caso de El Palmar se favorecerá la regularización urbanística en un sector de 2,03 hectáreas (0,01% de la superficie del parque) y en la barriada de El Tremolar (Alfafar) se producirá, de hecho, un reconocimiento de la legalidad urbanística vigente, “por lo que no se trata en ningún caso de nuevas urbanizaciones”, ha aclarado Rafael Blasco.

Con estas medidas, el Plan Rector responde a los cambios sociales de un Parque que engloba trece términos municipales y que está sometido a la influencia directa de un millón de personas. “Los objetivos de desarrollo socioeconómico y los de conservación de los valores ambientales y culturales no se consideran contrapuestos, sino más bien complementarios”, ha concluido Rafael Blasco.

Generalitat Valenciana

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