La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, ha manifestado hoy la “satisfacción del Gobierno regional” por el levantamiento, por parte del Tribunal Constitucional, de la suspensión de la Ley 10/2003 de 20 de marzo, de Modulación de Ayudas Agrarias en Castilla-La Mancha, que se había establecido cuando el Gobierno central aprobó en el Consejo de Ministros del 1 de agosto de 2003, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Tras esta decisión, la norma comenzará a aplicarse para las ayudas solicitadas en esta campaña.
Mercedes Gómez recordó que el Gobierno de Castilla-La Mancha “siempre ha defendido que tiene plenas competencias para aplicar la modulación, de acuerdo con el Artículo 31 de su Estatuto de Autonomía”.
La compatibilidad de la Ley de Modulación con la Política Agraria Comunitaria queda respaldada por el Reglamento 1259/1999 del Consejo de Ministros de la Unión Europea -por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la Política Agraria Común- que permite la aplicación de una modulación de las ayudas de manera voluntaria por cada uno de los países miembros.
La consejera de Agricultura valoró que, en el ejercicio de esas competencias, “la Comunidad autónoma tiene la facultad de adoptar una política de apoyo a los agricultores profesionales para proteger su renta, porque son quienes viven de la actividad agraria, están enraizados en los núcleos rurales, y, por tanto, contribuyen al mantenimiento del tejido social en los pequeños núcleos de población”.
Una vez salvados los obstáculos, comenzará a aplicarse la Ley de Modulación a las peticiones de ayudas que se realicen durante esta campaña. En concreto, la norma incidirá en los pagos de la PAC concedidos directamente a los agricultores y ganaderos, que estén financiados por la Sección de Garantía del FEOGA. En el caso de Castilla-La Mancha, estos pagos comprenden las ayudas a cultivos herbáceos, la producción de aceite de oliva, las ayudas a lino y cáñamo, primas de ovino y caprino, y en la carne de vacuno a las ayudas por vaca nodriza, bovino especial y primas por sacrificio.
Mercedes Gómez recordó que, aparte del apoyo a los agricultores profesionales, otro de los objetivos fijados en la Ley de Modulación es “la búsqueda de una legitimidad social a las ayudas del sector agrario”, que se ha visto cuestionada cuando se comprueba que existen receptores de un alto importe de ayudas que pertenecen a otras actividades económicas y que sólo tienen el campo como otra forma de negocio, por el beneficio que suponen las subvenciones. La consejera de Agricultura precisó que no cuestiona la libertad de cada persona para invertir donde considere oportuno, pero que los fines especulativos no pueden ser apoyados con ayudas públicas, sino que estos fondos deben destinarse a quienes realmente los necesitan.
La consejera de Agricultura subrayó que, con la fórmula aprobada en la Ley de Modulación, “sólo habrá reducción de ingresos para las explotaciones que reciben más de 30.000 euros en pagos directos, en un porcentaje que va aumentando cuanto mayor sea el importe percibido”. Y estos ajustes no se aplicarán de forma uniforme en todos los casos, porque se aplicará una bonificación en función de la mano de obra empleada en la explotación. Además, quedan exentos en todo caso de la modulación los agricultores a título principal y los profesionales de la agricultura que tengan inscritas sus explotaciones en el Registro de Explotaciones Prioritarias.
En cuanto a la distribución de las cantidades procedentes de la aplicación de la modulación, Mercedes Gómez aclaró que irán destinadas a financiar todas o alguna de las siguientes ayudas: zonas desfavorecidas y zonas con limitaciones medioambientales, medidas agroambientales, repoblación forestal y jubilación anticipada.
JCCM