En concreto el pasado mes de agosto y debido a la delicada situación que atraviesa el mercado del ajo seco desde la campaña del año 2007, caracterizado por la caída de los precios al productor y una injustificada paralización de las operaciones comerciales, la Mesa Nacional del Ajo puso en marcha una campaña entre los ayuntamientos, diputaciones provinciales y parlamentos autonómicos de las regiones productoras para recabar apoyos y reclamar a la administración central y comunitaria la necesidad de modificar el régimen que regula las importaciones de ajo a la Unión Europea desde terceros países, que para este subsector hortícola, es el verdadero azote y causante de la problemática que se vive.
Un gran número de ayuntamientos y diputaciones provinciales secundaron las peticiones a las que se unieron en forma de resoluciones y proposiciones no de Ley las formuladas por las Cortes de Castilla-La Mancha, las de Castilla y León y el Parlamento Andaluz. Todo parecía indicar, por lo tanto, que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) haría suyas estas peticiones y plantearía en Bruselas la negociación sobre el particular.
A un segundo plano
Sin embargo la sorpresa para el sector ha sido mayúscula, ya que los representantes del MARM han relegado a un segundo plano las peticiones cursadas por la Mesa Nacional del Ajo bajo el pretexto de que la negociación de algunas de ellas –como en el caso del incremento del arancel que grava las importaciones fuera de contingente de 1.200 a 1.800 euros/tonelada o la unificación de todos los códigos aduaneros bajo los que se importa ajo en una única nomenclatura-, son procesos complejos, que requieren de mucho tiempo, desgaste y un coste añadido.
Estas peticiones, junto a la modificación de los requisitos que deben cumplir los importadores de ajo; el acatamiento estricto por parte de las producciones importadas de terceros países de las mismas normas y protocolos en materia de trazabilidad y seguridad alimentaria que se aplican a las producciones comunitarias; la intensificación del control aduanero en las importaciones del ajo y la publicitación de las sanciones impuestas a empresas por fraude fiscal, son las cinco propuestas que el sector productor y comercial del ajo creen necesarias y urgentes para la continuidad de la actividad.
Para la Mesa Nacional del Ajo, a la luz de los datos facilitados por el MARM, que revelan que China ha exportado a la UE en los meses transcurridos de 2008 ajo a un precio unitario de 470 euros/tonelada, es un claro caso del dumping que practica el país asiático con los ajos, a pesar del contingente y del depreciado arancel disuasorio. De no remediarse esta situación, la producción comunitaria y España a la cabeza, acabarán por sucumbir, perdiéndose empleo e industria y llevando a la ruina a pueblos y comarcas enteras que viven de este producto, lo que provocará que el desarrollo rural de los pueblos y municipios dedicados a este cultivo desaparezca.
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