El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea ha aprobado hoy, tras tres semanas de negociación, la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Esta reforma responde a las prioridades manifestadas por la delegación española presente en Luxemburgo, encabezada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete. La reforma de la PAC elimina el riesgo de abandono de las producciones agrícolas y ganaderas de nuestro territorio, objetivo prioritario de España a lo largo de todo el proceso negociador.
DESACOPLAMIENTO
El Consejo ha aprobado un desacoplamiento parcial, como venía propugnando España, frente al desacoplamiento total propuesto por la Comisión.
En el sector de cultivos herbáceos, el desacoplamiento parcial afectará al 75% de la ayuda. El 25% restante permanece acoplado, es decir, condicionado a la producción. De esta manera, se evita el riesgo de abandono de la producción que afectaba a más de 1.500.000 hectáreas, localizadas fundamentalmente en las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón.
En el sector vacuno de carne, la prima a la vaca nodriza queda totalmente acoplada, una de las principales prioridades del Gobierno en este sector. Por otro lado, la prima al sacrificio se desacopla en un 40%. Los Estados miembros podrán optar en vez de este desacoplamiento parcial por los siguientes: un 100% de la prima del sacrificio o alternativamente el 75% de la prima de bovino macho. Estas soluciones garantizan el mantenimiento de la actividad y evitan la desaparición de 20.000 explotaciones y la pérdida de más de 500.000 cabezas, que se hubiesen producido con la propuesta inicial.
En el sector del ovino solo se desacopla el 50% de la ayuda, con lo que igualmente se asegura el mantenimiento de la actividad actual. Además, las decisiones tomadas sobre los derechos especiales eliminan las rigideces de la propuesta inicial. De haberse mantenido las tesis iniciales de la Comisión, España podría haber visto reducidas el número de las explotaciones del sector en 22.000 y las reproductoras en 7.000.000 de cabezas.
Asimismo, se aplaza el desacoplamiento en el sector lácteo hasta el año 2008.
Por último, el sector de las semillas queda totalmente acoplado, con lo que se garantiza su producción, que tiene especial importancia para los cultivos mediterráneos, evitando su desaparición.
También es destacable la decisión de excluir del desacoplamiento tanto los pagos directos de las diferentes organizaciones de mercado, así como los distintos sectores y los complementarios del POSEICAN, dando satisfacción a la aspiración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
MODULACIÓN
La modulación acordada finalmente se aplicará en porcentajes moderados del 3% en el año 2005, 4% en el 2006 y 5% a partir del año 2007. Los importes globales obtenidos se distribuirán entre los Estados miembros de acuerdo con criterios de cohesión. Con ello, a España le corresponderán 184,2 millones de euros anuales adicionales, lo que supone una cuota del 16% sobre el total de la Unión Europea, obteniendo un saldo favorable de 42,7 millones de euros anuales sobre nuestra contribución a la modulación.
Dicho importe anual se destinará a reforzar las líneas prioritarias actuales de desarrollo rural y poner en marcha las nuevas medidas establecidas en el Reglamento de Desarrollo Rural, lo que representa un incremento de 1.346,7 millones de euros para el periodo 2006-2013 que, con las contribuciones nacionales, supone un incremento de 1.923,8 millones de euros de ayudas totales para el sector con destino al Desarrollo Rural, lo que representa un 50% más sobre la contribución actual para la ejecución de las medidas de acompañamiento de la PAC.
Al igual que ha ocurrido en el caso del desacoplamiento de las ayudas directas, la Comunidad Autónoma de Canarias ha quedado excluida de la aplicación de la modulación.
DESARROLLO RURAL
En materia de desarrollo rural, se han incorporado importantes mejoras, reforzando las medidas a favor de los jóvenes agricultores, prioridad de la delegación española. Todas las medidas aprobadas tendrán una importante repercusión no sólo económica, sino también social y medioambiental.
Concretamente, se refuerzan las actuaciones de la PAC para facilitar la instalación de jóvenes agricultores. Se aumentan los porcentajes subvencionables en cinco puntos porcentuales sobre los actualmente establecidos para los jóvenes agricultores, cuando realicen las inversiones correspondientes en su explotación. Se introduce la posibilidad de conceder una ayuda de hasta 30.000 euros para la instalación y 30.000 euros para bonificación de intereses a los jóvenes agricultores que, al mismo tiempo que se instalen, utilicen los servicios de asesoramiento durante un periodo de tres años. Hasta ahora, el máximo de ayuda era de 25.000 euros en ambos casos.
También se contempla la figura de indemnización compensatoria en zonas de Red Natura 2000, que supondrá proporcionar ayuda a las rentas a aquellas explotaciones que se encuentren dentro de los espacios incluidos en esta Red, que abarca una superficie de 12 millones de hectáreas.
Dentro también de las medidas de desarrollo rural, se prevén dos ayudas dirigidas a posibilitar que los agricultores cumplan las normas comunitarias en materia de salubridad de alimentos, sanidad vegetal y bienestar de los animales. Asimismo, se incrementa el apoyo comunitario a la aplicación de medidas agroambientales, aumentando el apoyo comunitario para fomentar la adopción por los agricultores de medidas que promuevan el uso de la tierra compatible con la mejora del medio ambiente, pasando del 75% al 85% y del 50% al 60% en zonas de objetivo 1 y de fuera de objetivo 1, respectivamente.
Finalmente, se incluyen ayudas para mejorar el bienestar de los animales, cuyo tratamiento será igual que en las medidas agroambientales. También se prevén ayudas para el fomento de la calidad alimentaria, a las industrias agroalimentarias para el cumplimiento de las normas comunitarias y, atendiendo la petición de España, se mantienen las ayudas a la promoción genérica de determinados productos, tales como frutas y hortalizas, carne, leche, vino, aceite de oliva y flores. Otras ayudas incluidas en la reforma se refieren a las destinadas al funcionamiento de los grupos de acción local en los programas Leader y Proder y las subvenciones para valorizar los montes públicos.
MEDIDAS SECTORIALES
En cereales, frente a la propuesta de la Comisión de reducir el 5% el precio de intervención de todos los cereales, el acuerdo final establece que no habrá ninguna reducción. Los incrementos mensuales del precio de intervención se establecen en 0,465 euros por tonelada.
Con este acuerdo final se evita en España una pérdida anual de 116 millones de euros que se hubiera producido con la propuesta de la Comisión, ya que ésta preveía solamente la compensación parcial de esa reducción.
Respecto al trigo duro, frente a la propuesta de la Comisión de reducir la actual ayuda en las zonas tradicionales a 250 euros por hectárea, como ayuda desacoplada de la producción, el acuerdo final prevé establecer dicha ayuda en 285 euros por hectárea. Ello significa que se ha evitado una pérdida anual de 21 millones de euros.
Por otro lado, desaparece la ayuda en las zonas no tradicionales, que en España se venía concediendo a una superficie mínima (4.000 hectáreas). Como compensación, se introduce una nueva ayuda, como prima a la calidad y, por tanto, acoplada, de 40 euros por hectárea, condicionada a la utilización de semillas certificadas de variedades de alta calidad.
En arroz se han conseguido las dos reivindicaciones fundamentales de la delegación española. En primer lugar, se sustituye la actual penalización progresiva en caso de superación de la superficie que España tiene asignada, que resultaba excesivamente gravosa, por una penalización proporcional, como la existente en los cultivos herbáceos. De acuerdo con las cifras medias de las tres últimas campañas, esta modificación supondrá un incremento adicional para el sector arrocero español de 25 millones de euros anualmente.
En segundo lugar, se mantiene un régimen de intervención clásica, como el ya existente actualmente en el arroz y en los cereales. El nuevo precio de intervención queda fijado en 150 euros por tonelada, tal como solicitaba España y el propio sector. Como compensación, se incrementa la actual ayuda en 121,35 euros por tonelada, situándose en 177 euros por tonelada. Para España la ayuda subirá de los actuales 334,33 a 1.123,95 euros por hectárea. El 58% de esta ayuda quedará desacoplada y el 42% restante quedará ligada a la producción.
Igualmente, se ha establecido un límite máximo de intervención en 75.000 toneladas por campaña, que se estima suficiente, teniendo en cuenta la reducción del precio de intervención.
En el sector de forrajes desecados, se ha atendido la principal reivindicación española, consistente en mantener de forma permanente la ayuda a la industria de transformación, que en la propuesta de la Comisión era decreciente, desapareciendo el cuarto año, lo que supone evitar una pérdida anual de 43,72 millones de euros. Con ello, se asegura el mantenimiento de las 86 industrias actualmente existentes en España, que proporcionan 1.150 empleos directos y 3.250 empleos indirectos.
Respecto a los frutos secos, cuyo régimen de ayuda finalizó hace dos años y tras conseguir dos prórrogas anuales, cuya renovación ya no era posible, se ha conseguido la instauración de un régimen de ayuda permanente, asunto que España venía reivindicando insistentemente durante los últimos años. Con ello, se ha evitado el riesgo de abandono de plantaciones que se hubiera producido en el sector al finalizar los planes de mejora.
El apoyo que significa el régimen de ayuda aprobado se concederá a una superficie comunitaria de 800.000 hectáreas, de las cuales 568.200 hectáreas corresponden a España. Esto significa que el sector español podrá percibir con carácter indefinido una ayuda global de 137,2 millones de euros anuales. La ayuda unitaria ascenderá a 241,5 euros por hectárea, a financiar al 50% por el presupuesto comunitario y los Estados miembros. No obstante, en el caso en que la superficie que se acoja sea inferior a la cantidad nacional garantizada, podrá elevarse en la misma medida la ayuda comunitaria establecida por hectárea.
Los Estados miembros podrán decidir que la ayuda se conceda a condición de que las explotaciones estén integradas en organizaciones de productores, lo que contribuirá a consolidar las mejoras conseguidas en los últimos años en cuanto a la estructuración del sector y en la comercialización de sus producciones.
En frutas y hortalizas, sector no contemplado directamente en esta reforma de la PAC, pero que podía haberle afectado indirectamente, se ha conseguido que las tierras que, como consecuencia del desacoplamiento parcial de las ayudas a los cultivos herbáceos, dejen de dedicarse a dichos cultivos en la Unión Europea, no puedan destinarse a producciones hortofrutícolas y patatas. De esta forma, se evitan riesgos de perturbaciones de los mercados que podrían haberse producido como consecuencia de incrementos incontrolados y no deseados de la producción, principalmente en productos donde el equilibrio de la oferta y la demanda están actualmente ya muy ajustados.
Dentro de los sectores ganaderos, en el caso de vacuno, se recupera el techo establecido en la Agenda 2000 para los cálculos de la referencia en la prima especial, que fue reducido en el marco de la mini-reforma del año 2001.
En el caso de la leche la principal novedad es la prorroga del régimen de cuotas hasta el año 2014, con lo que se da satisfacción a la principal preocupación del sector lácteo español.
Se adelanta la aplicación de la Agenda 2000 en lo referente a la reducción de los precios de intervención y la correspondiente introducción de un sistema de ayudas directas al año 2004. Esto significa que nuestros productores lácteos percibirán 65,7 millones de euros el primer año y 197,9 a partir del año 2007. Hasta el año 2013 el volumen de ayudas alcanzará la cifra de 1.582,7 millones de euros.
Se reduce significativamente el descenso de los precios de intervención frente a la propuesta inicial de la Comisión. El precio de intervención de la leche desnatada en polvo se mantiene al mismo nivel decidido en la Agenda 2000 y el precio de intervención de la mantequilla se reduce en un 25 % frente al 35 % propuesto por la Comisión.
Es necesario señalar que el nivel de compensación establecido es superior al decidido en la Agenda 2000 y también superior al recogido en la propuesta de la Comisión.
Se pospone la decisión de un incremento global de la cuota comunitaria. Esta medida tendrá un efecto muy favorable sobre los precios comunitarios en el medio y largo plazo, y reduce significativamente el previsible impacto de la reducción de los precios institucionales.
CONCLUSIONES
La propuesta que inicialmente presentó la Comisión afectaba muy negativamente a España. Después de seis meses de negociaciones el Consejo ha aprobado una reforma que dista de la propuesta inicial, y da respuesta a las preocupaciones manifestadas por el ministro español en los distintos consejos de ministros de Agricultura de la Unión Europea.
España era uno de los países más afectados, tanto en los aspectos horizontales como en los sectoriales, lo que motivó el rechazo inicial a la propuesta. Finalmente, la Comisión ha sido muy sensible a nuestras inquietudes, por lo que ha dado su voto favorable al haber sido aceptada la práctica totalidad de las demandas españolas.
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