El Gobierno considera inaceptable en los términos planteados por la Comisión Europea el contenido de la propuesta de reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del azúcar. La reducción de precios que plantea la Comisión y los objetivos que se contemplan en términos de disminución de la producción comunitaria van mucho más allá de lo que sería necesario para ajustarse a las exigencias de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y al respeto de los compromisos internacionales de la Unión Europea.
El Gobierno considera que, si bien el pronunciamiento del panel de la OMC tendrá consecuencias en esta reforma, la interpretación que de él hace la Comisión es la más restrictiva en términos de reducción de las exportaciones comunitarias. Además, están abiertas aún las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha en la que se establecerán los nuevos niveles arancelarios para los productos agrarios, entre ellos los del azúcar, por lo que no es planteable una reducción de precios que se anticipa al resultado de dichas negociaciones en materia de acceso al mercado comunitario del azúcar procedente de países terceros.
Por ello, el Gobierno considera que no debería cerrarse el proceso de negociación de la reforma a nivel comunitario antes de conocer los resultados de la próxima cumbre ministerial de la OMC, que está prevista para el próximo mes de diciembre en Hong Kong.
España considera que los nuevos precios del azúcar deben permitir la viabilidad del cultivo en todas las zonas de producción de la Unión Europea, en consonancia con el modelo europeo de agricultura que defiende la multifuncionalidad de este sector y el mantenimiento de la actividad agraria en todas las regiones, incluidas aquellas menos favorecidas y por lo tanto las menos competitivas en la producción de azúcar.
Para el MAPA la principal preocupación es que la renta de los agricultores después de la reforma alcance un nivel suficiente para el mantenimiento del tejido social y económico asociado a este cultivo. Además es necesario que ajustes tan importantes cuenten con un periodo transitorio suficiente para que puedan adaptarse tanto las estructuras de la producción como de la industria transformadora.
En lo relativo al plan de reestructuración que acompaña a esta propuesta, es necesario que sean los propios Estados Miembros los que determinen sus necesidades en materia de reestructuración y que ésta se lleve a cabo respetando el equilibrio entre los diferentes intereses implicados, producción e industria, y tomando en consideración las consecuencias sociales de este tipo de actuaciones.
Es necesario que los probables recortes en la producción europea se repartan de forma equilibrada y recaigan en mayor grado sobre las zonas más excedentarias a nivel comunitario.
Por otra parte, la propuesta de la Comisión reduce drásticamente las perspectivas de los países ACP y PMA en cuanto a la remuneración de sus exportaciones hacia la Unión Europea. Estos países, igual que España, también reclaman que se mantengan precios remuneradores en el mercado comunitario y una reforma más gradual. Esta postura quedó reflejada en la reunión mantenida por el Ministerio de Agricultura, en el mes de enero en Madrid, con una delegación de Ministros de los países ACP y PMA.
No es la primera vez que nos encontramos ante una propuesta negativa de la Comisión y que, en el transcurso del proceso negociador se consiguen modificaciones sustanciales que tengan en cuenta los intereses de los miembros de la Unión. En este sentido, España está trabajando con otros 10 Estados Miembros con los que compartimos intereses para coordinar sus posiciones de cara a esta reforma. De hecho, este grupo de países ya ha conseguido que la Comisión abandone su intención inicial de contemplar transferencias de cuota de producción entre los Estados Miembros.
El Gobierno, que considera esta reforma una cuestión de Estado, ha puesto en marcha un grupo de trabajo con las Comunidades Autónomas afectadas por la reforma y ha mantenido diversas reuniones tanto con el sector productor como con representantes de la industria y seguirá trabajando en esta línea para defender la posición española a lo largo del proceso negociador.
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NO COMPRENDO COMO PODEMOS CONFORMARNOS CON LO QUE NOS DICTAN LOS ESPECULADORES.EN DEMOCRACIA MANDA EL PUEBLO Y EN ESPAÑA LOS DICTADORES.¿QUE SERA DE LAS PERSONAS QUE INDIRECTAMENTE VIVEN DEL CULTIVO DE REMOLACHAS?¿PENSÓ EL GOBIERNO EN LAS FAMILIAS O EN SUS INTERESES DE PARTIDO.SI CONSUMIMOS MAS AZUCAR DE LA QUE PRODUCIMOS,EN ESPAÑA NO DEBERÍA ENTRAR AZUCAR DEL EXTRANJERO Y ASUNTO ARREGLADO.LO DEMAS NO TIENE SENTIDO,ES EMPOBRECER AUN MAS UNA NACION QUE NO TIENE NECESIDAD DE ESTAR A LAS ORDENES DE LA EUROPA DICTADORA.
La propuesta de la OCM del azúcar es una estrategia a medio plazo, de los paises mas productores como Francia, Alemania, Gran Bretaña, para apropiarse del cupo de azúcar de los paises que decidan abandonar el cultivo de remolacha, y cuando esto suceda, serán estos los que decidan los precios de referencia que regulen el mercado.¡ES UNA CACICADA EUROPEIL¡