Gracias a un mecanismo para el reconocimiento mutuo y autorización zonal, un Estado miembro podrá autorizar un plaguicida tras la evaluación de este en otro país de su misma zona. La UE estará dividida en tres zonas según las condiciones agrícolas, climatológicas y ecológicas de los países: norte, centro y sur, incluyendo esta última a los países del arco mediterráneo, entre ellos España.
La armonización de la evaluación no impedirá, sin embargo, que un país pueda prohibir a título individual un producto alegando circunstancias medioambientales o agrícolas específicas.
Esta normativa, que entrará en vigor a finales de este año, fue adoptada formalmente en un Consejo de ministros de Competitividad de la UE celebrado este jueves en Bruselas, después de haber sido criticado por los propios agricultores y por las organizaciones ecologistas, que consideran insuficientes las nuevas reglas tanto para la protección de los ciudadanos como del medio ambiente.
La comisaria de Salud, Androulla Vassiliou, sin embargo, celebró la decisión de los Veintisiete porque considera que establece el sistema «más moderno y protector» para la salud de los consumidores. «También beneficia a nuestros agricultores porque garantiza sus propia protección y promueve los productos saludables», añadió.
También queda prohibido el uso de una serie de sustancias químicas consideradas muy tóxicas (cancerígenas, mutagénicas, etc.) para la fabricación de pesticidas y se aplicarán criterios más estrictos de seguridad en el caso de las sustancias neurotóxicas e inmunotóxicas. La lista de componentes vetados incluye también sustancias perjudiciales para las abejas de miel.
No obstante, existe la posibilidad de que se autorice durante un máximo de cinco años aquellas sustancias que, aún no cumpliendo los estándares de seguridad, resulten necesarias para combatir una plaga importante. Además, habrá un plazo de tres años para sustituir por alternativas más seguras aquellos pesticidas que tengan alguna de las sustancias peligrosas.
Otra de las novedades con las que se pretende frenar el uso abusivo de plaguicidas, especialmente en el sector agrícola, y minimizar su impacto, es que cada Estado deberá contar con un plan de acción nacional que incluya medidas de formación para la venta y manejo de los pesticidas, de inspección y de protección. También deberán trabajar en métodos alternativos de control de las plagas.
Asimismo, queda prohibida la fumigación aérea, si bien se admiten una serie de excepciones limitadas que deberán contar con el visto bueno de las autoridades competentes. Dichas excepciones nunca podrán ser aplicadas para la pulverización o uso de pesticidas en zonas residenciales, parques y jardines públicos, escuelas, hospitales, ríos y lagos.
Europa Press