En estos momentos, y «debido a la crisis», indicó el sindicato, «se estima que un 20% de las granjas de la Comunidad Valenciana se mantienen inactivas porque las empresas integradoras no entran animales para que los ganaderos realicen los servicios de cría y engorde». «El problema es que el sector porcino encadena crisis tras crisis en los últimos años», subrayó.
La primera se inició en 2007 por el «encarecimiento de los piensos que disparó los costes de producción», señaló La Unió, quien explicó que «una vez estabilizadas las cotizaciones de los piensos, la crisis económica general ha provocado una recesión del consumo en España y un retroceso de las exportaciones».
La Unió insistió en «poner en marcha, de forma urgente, una serie de medidas por parte de la Administración estatal y autonómica para salvar a un sector relevante para la economía de la Comunidad Valenciana, pues es el segundo, tras los cítricos, con mayor importancia en la Producción Final Agraria».
Entre las medidas reclamadas por el sindicato, se encuentra la de estimular el consumo mediante campañas de promoción debido a que la crisis económica «ha provocado un retroceso en la compra por parte de los consumidores españoles, así como la necesidad de un contrato de integración pues la mayoría de las granjas funcionan bajo ese sistema y no existen un contrato-tipo en el cual figuren las obligaciones del integrado y de la integradora».
La Unió también reclama la «adopción de un periodo máximo de pago», pues la Ley de Morosidad determina que el plazo de pago a falta de pacto entre las partes, sea de treinta días tras la fecha que el deudor haya recibido la factura o solicitud de pago. Actualmente, «algunas integradoras pagan de 90 a 120 días, incumpliendo claramente la ley», denunció.
Otras medidas que solicita el sindicato pasan por el «aumento» de las subvenciones al coste del seguro de recogida de cadáveres o por la «transparencia y limitación» de márgenes comerciales ya que «se requiere una clara y visible identificación del origen hasta el consumidor final, además de la publicación de una Ley de limitación de Márgenes Comerciales para garantizar un incremento de precios razonable entre el productor y el consumidor que eviten situaciones abusivas».
Europa Press