Por vez primera, la Conselleria de Agricultura ha publicado su normativa con un condicionante en el que dice textualmente que “la concesión y el pago de las ayudas sólo se hará efectiva tras la decisión positiva sobre compatibilidad con el mercado común”, lo que hace sospechar algún problema sobre su viabilidad y la inquietud correspondiente entre los apicultores a sólo tres meses del inicio ya de la floración.
LA UNIÓ viene reclamando desde hace muchos años la puesta en marcha de soluciones definitivas para zanjar el conflicto de la “pinyolà”, al considerar que las ayudas no son más que un parche si no van acompañadas de medidas complementarias y eficaces sobre las plantaciones de cítricos. La Conselleria debería reconocer el fracaso de los decretos y órdenes publicadas y del modelo de asentamientos autorizados y plantearse cambiar la situación actual.
Mientras no se avanza en lo anterior, la normativa publicada obligará de nuevo a prorratear las indemnizaciones al consignarse incluso menos partida presupuestaria que el pasado año, pues se reduce la cuantía en 50.000 euros, un 1% menos y un 5% real si tenemos en cuenta el IPC previsto para este año que se pagará como muy pronto a partir del próximo año.
La publicación de la Orden vuelve a ser un ejemplo de la nefasta gestión de la Conselleria de Agricultura. Por un lado, continúa con el bloqueo del censo en el año 2001, dejando fuera a los jóvenes apicultores y a todas las nuevas colmenas incorporadas con posterioridad a esa fecha. Además, hay un retraso intolerable, cercano al año y medio, en el pago de las indemnizaciones y se aplica un prorrateo salvaje e injustificado que las disminuye en más de un 30 %.
LA UNIÓ-COAG