LA UNIÓ denuncia que el sector agrícola valenciano es el gran olvidado en las ayudas prometidas en su día como consecuencia de las lluvias torrenciales ocurridas en algunas zonas de la Comunitat Valenciana durante los meses de septiembre a diciembre del pasado año.
Por el momento la normativa publicada, tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, únicamente contempla ayudas para daños en viviendas o en concepto de gastos para ayuntamientos, pero no dice nada de los daños en el sector agrario.
LA UNIÓ señala que el sector agrícola valenciano se vio sometido a un fuerte episodio de lluvias persistentes en el otoño de 2008, con pérdidas en las producciones agrarias tanto por afección directa como por el retraso causado en las tareas de recolección de determinados cultivos. Fue sobretodo en el periodo comprendido entre 23 de septiembre y el 20 de octubre en el que las lluvias tuvieron un carácter torrencial y originaron daños de importancia en cultivos e infraestructuras agrícolas. Tras esta adversidad y la magnitud de los daños, el Gobierno de España y la Generalitat anunciaron la puesta en marcha para todo los sectores afectados, algo que se ha visto reducido para solo algunos que no son hasta la fecha los agricultores y ganaderos.
Hasta ahora sólo se han publicado tres Ordenes del Ministerio de la Presidencia y una de la Conselleria de Gobernación, pero en ninguna de ellas habla de los daños agrícolas. La primera del Ministerio de la Presidencia fue publicada en el BOE el pasado 27 de septiembre y se limita al ámbito de los municipios de Sueca, Cullera, Riola y Elche aunque únicamente para daños en viviendas y gastos de ayuntamientos. La segunda del Ministerio de la Presidencia fue publicada en el BOE el 18 de octubre, no concreta las zonas de la Comunitat Valenciana y se refiere de nuevo a daños en viviendas y gastos de consistorios. La última del Ministerio de la Presidencia se publicó en el BOE el 25 de octubre, cubre toda la provincia de Alicante pero como en anteriores ocasiones se centra en daños para viviendas y gastos de ayuntamientos. En todas ellas se insta a la valoración de los daños susceptibles de ser indemnizados y se insta al Ministerio del Interior a la tramitación de las ayudas a la mayor brevedad posible. Finalmente, está la Orden de la Conselleria de Gobernación publicada en el DOCV el 18 de noviembre donde aparece un listado de pueblos beneficiados de las posibles ayudas que establezcan las diferentes Consellerias. No existe por tanto ninguna normativa de ayudas que compense las pérdidas en el sector agrario.
Josep Botella, Secretario General de LA UNIÓ, indica que «una vez más se pone de manifiesto el uso propagandístico y demagógico que las autoridades hacen en caso de grandes siniestros o catástrofes, ofreciendo ayudas que después nunca se concretan en normativas específicas y directas para los agricultores y ganaderos valencianos». Botella afirma que «se suceden las adversidades climatológicas y tras las lluvias torrenciales de finales del pasado año ahora hacemos recuento del fuerte temporal de viento, sin embargo la respuesta para el sector agrícola valenciano es nula por parte de los gobernantes en Madrid y Valencia, preocupados por todo los sectores menos por el nuestro».
La Unió