La organización indicó, a este respecto, que ha detectado que algunas empresas integradoras dejan de entrar producción en las granjas y que además liquidan en estos momentos de forma totalmente injustificada un 15 por ciento menos a los productores de porcino de la Comunidad Valenciana en apenas seis meses.
Asimismo, apuntó que en el transcurso de ese tiempo los ganaderos están comprobando cómo algunas empresas integradoras les pagan alrededor de 10 euros por animal cuando antes percibían unos 11,70 euros, «lo que ha provocado una lógica indignación por considerarlo abusivo al no existir motivos para esta reducción», resaltó La Unió.
La organización agraria señaló que los datos disponibles de la lonja de referencia de Mercolleida indican que las cotizaciones en origen del porcino descendieron un 4 por ciento a lo largo de 2009 respecto a 2008, hasta situarse en una media de 1,095 euros por kilo de animal vivo.
Igualmente, destacó que el sector porcino de la Comunidad Valenciana ha encadenado dos crisis en los últimos años. Explicó que la primera comenzó en 2007 y que se derivó del incremento del precio del cereal, que encareció los piensos y disparó los costes de producción.
Respecto a la segunda, sostuvo que «ahora, sin embargo, las cotizaciones del pienso se han normalizado» aunque «la crisis económica ha provocado una recesión del consumo y un retroceso de las exportaciones que ha conllevado una nueva crisis».
La Unió defendió la necesidad de «poner en marcha de forma urgente una serie de medidas por parte de la administración estatal y autonómica para salvar a un sector relevante para la economía de la Comunidad Valenciana» como el porcino. Indicó que éste es «el segundo, tras los cítricos, con mayor importancia en la Producción Final Agraria».
En la Comunidad Valenciana existen un total de 1.180 explotaciones de porcino con un censo que ronda la cantidad de 1.315.000 animales, según el Registro de Explotaciones Ganaderas de 2009. El sector porcino representa el 67 por ciento del total de la cabaña ganadera de esta autonomía. La provincia de Castellón concentra el 58 por ciento de las explotaciones; la de Valencia, el 36 por ciento, y la de Alicante, el 6 por ciento.
Entre las medidas reclamadas por esta entidad agraria se encuentra la de reducciones fiscales y bonificación de intereses; la necesidad de un contrato de integración porque la mayoría de las granjas funcionan bajo ese sistema y no existen un contrato-tipo en el cual figuren las obligaciones del integrado y de la integradora.
Europa Press