Desde el 22 de Junio los ganaderos deben ponerse en contacto con la entidad financiera que le concedió el crédito para modificar las condiciones del mismo, con el problema de que deben presentar la solicitud antes del 6 de julio. La modificación por parte de la entidad financiera deberá estar formalizada como fecha límite el 12 de julio.
La Unió no entiende como Conselleria de Agricultura ha esperado tanto tiempo para publicar la resolución de estas ayudas en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, cuando la Orden del Ministerio de Medio Rural fue publicada ya el pasado 11 de marzo en el Boletín Oficial del Estado. La mayor parte de las comunidades autónomas sí que han ido publicando sus respectivas normativas autonómicas, algunas incluso en el mismo mes de marzo.
Se trata de ayudas para la financiación de intereses de los préstamos concedidos a titulares de explotaciones ganaderas que durante el año 2007, y particularmente a partir del segundo semestre, soportaron excepcionales incrementos en los costes de producción como consecuencia de las elevadas cotizaciones de los cereales debido a la coyuntura internacional, lo que se tradujo en un encarecimiento de los piensos para el sector ganadero.
La Unió denuncia la lentitud de la Conselleria de Agricultura, pues con sus retrasos pone en peligro la viabilidad y competitividad de unas explotaciones que tratan de salir adelante sumidas en una grave crisis de precios.
Al mismo tiempo, La Unió pide a las entidades financieras rapidez y agilidad en la tramitación de esta refinanciación de la deuda ganadera que va a beneficiar en última instancia a sus clientes. Con ello, La Unió pretende que se eviten las distorsiones que se han producido en otros sectores (viña, frutales, cítricos y hortalizas) cuando se han concedido este tipo de ayudas ya que las entidades financieras, alegando desconocimiento de la normativa, han retrasado hasta tal punto la tramitación de las ayudas que muchos beneficiarios se han quedado fuera, “contribuyendo y ahondando más en la negligencia iniciada por la Administración autonómica y perjudicando la renta de los beneficiarios” señala La Unió.
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