Las medidas exigidas por esta normativa que van dirigidas a una clara mejora del espacio disponible por los animales, son compartidas en su totalidad por el sector y su intención es la adaptación a estos requisitos para la adaptación a las exigencias de los consumidores. Pero esta adaptación, en el contexto actual del sector, supone un gasto extraordinario muy importante al que muchas explotaciones no podrán hacer frente. No ya sólo por el desembolso directo que implica la adecuación, ni al hecho de arrastrar dos años de pérdidas, sino también a la situación financiera a la que está abocada la economía.
LA UNIÓ señala que la crisis por el encarecimiento de las materias primas, unida a la crisis económica actual han reducido al mínimo la capacidad de inversión. En este contexto, y a tres años de la aplicación íntegra del mencionado Real Decreto, numerosas explotaciones son incapaces de asumir los gastos asociados a la reconversión de las granjas porque los productores de porcino están descapitalizados y la financiación externa, muy limitada, ya no es una alternativa.
Adaptar las explotaciones a la normativa supondría un coste de unos 670 €/cerda. A pesar de esta cifra hay que tener en cuenta que para mantener los efectivos haría falta incrementar en un 44% la superficie necesaria, puesto que la superficie disponible por cerda debe ser como mínimo de 2.25 m2. En caso de no ser posible, la capacidad de la explotación se debería reducir, pudiéndose comprometer la rentabilidad de las instalaciones.
Josep Botella, secretario general de LA UNIÓ, cree que «es necesario un aplazamiento en la aplicación de los puntos del Real Decreto que entrarán en vigor a partir del 2013, hasta que el sector pueda hacer frente a esos nuevos requisitos, una vez recuperados de la crisis».
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