LA UNIÓ cree que la desaparición de sustancias activas, especialmente insecticidas y de gran importancia para la agricultura valenciana, no es una buena noticia porque supondrá a la larga un encarecimiento del coste de los productos que están en manos de empresas multinacionales y sin saber si se podrán encontrar sustitutivos económicos y eficaces. LA UNIÓ ve necesario que se inicien urgentemente las investigaciones pertinentes para encontrar productos fitosanitarios que no encarezcan el mermado bolsillo del agricultor y a la vez que sean sostenibles medioambientalmente. Sobre este aspecto señala que la continua supresión de productos fitosanitarios podría activar un mercado negro de los mismos, con el consiguiente riesgo que ello conlleva.
Otro de los aspectos que preocupan a LA UNIÓ es el de la competencia de países terceros donde con toda seguridad no se prohibirán esas sustancias y productos, lo que podría dar lugar a la paradoja que la Unión Europea se dedique a importar producciones agrarias tratadas con los mismos productos que ella misma ahora elimina.
Concretamente desaparecerán 22 sustancias activas -componentes químicos de los pesticidas-, que deberán ser sustituidas por alternativas más seguras en un plazo máximo de tres años. Sin embargo, se introduce la excepción de que si una de las sustancias que no cumple los criterios mencionados se considera necesaria para combatir un riesgo importante en la salud de una planta, podrá aprobarse su uso por un periodo máximo de cinco años.
Por otra parte, los Estados miembros podrán conceder licencias para pesticidas a escala nacional o también reconociendo los productos aprobados por otros países. La UE estará dividida en tres áreas geográficas -norte, centro y sur- dentro de las cuales el reconocimiento mutuo será obligatorio. Este mecanismo facilitará a los productores la aprobación de sus pesticidas en otros países. Sin embargo, el Parlamento Europeo ha presionado para introducir condiciones más estrictas en el uso de pesticidas aprobados en una determinada zona y que un país pueda prohibir a título individual un producto alegando circunstancias medioambientales o agrícolas específicas. La aprobación de los productos será más rápida, de forma que los Estados miembros tendrán que decidir sobre el reconocimiento mutuo en 120 días. Hasta ahora no existía ningún plazo. LA UNIÓ reclama que el Gobierno español cree rápidamente una comisión de seguimiento con las comunidades autónomas y organizaciones agrarias para coordinar la aplicación de las nuevas normas, pues los Estados miembros tendrán 2 años para aplicarla (principios de 2011).
La pulverización aérea de los pesticidas quedará prohibida, aunque se introducirá un número limitado de excepciones sujetas a la aprobación de las autoridades competentes. Estas excepciones no se aplicarán a los alrededores de las zonas residenciales, en las que la pulverización aérea estará siempre prohibida. Como aspecto positivo para los apicultores valencianos en este sentido se encuentra la prohibición de las sustancias dañinas para las abejas, para combatir así el despoblamiento de los últimos años.
LA UNIÓ