El subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Manuel Lamela, ha comparecido, a petición propia, ante la Comisión de Agricultura del Congreso, para informar sobre la situación del proceso de homologación del Sistema de Información Geográfica (SIG) Oleícola, instrumento de gestión y control para el cobro de las ayudas que será obligatorio a partir de noviembre de 2003 por parte de la Unión Europea (UE). El pasado 15 de octubre se presentaron para su homologación los SIG oleícolas de Madrid, Baleares, Valencia y Andalucía;
Lamela ha agradecido especialmente el esfuerzo de los oleicultores, de las comunidades autónomas y, en el caso de Andalucía, de las organizaciones profesionales que, con absoluta independencia, y en su totalidad, suscribieron convenios de colaboración con el MAPA para verificar las declaraciones de cultivo y familiarizar a los agricultores con esta nueva herramienta de gestión de las ayudas.
HOMOLOGACIÓN EN ANDALUCÍA
Según Lamela, los trabajos técnicos de verificación prácticamente se han terminado, ya que el porcentaje de discrepancias está por debajo del 5 por ciento exigido por la UE. Con lo que es posible su homologación por parte de la autoridades comunitarias, siempre y cuando la Junta de Andalucía cumpla con sus obligaciones establecidas en los reglamentos comunitarios.
El proceso de verificación afecta a un total de 271 millones de olivos en España, en 3.797 términos municipales. En Andalucía se han identificado 174 millones de olivos. Lamela ha informado que de los 307.000 oleicultores andaluces sólo restan por contabilizar 7.504, que se han acogido a una peritación contradictoria. Por otra parte, 24.169 no han aportado documentación suficiente para generar ningún cambio en los datos contenidos en el SIG Oleícola.
FUERA DE PLAZO
Sin embargo, Manuel Lamela ha anunciado que las más de 10.000 alegaciones recibidas fuera de plazo, serán tratadas de oficio como recursos de alzada por parte de la Administración, con lo que estos agricultores no tendrían que aportar más documentos ni realizar más trámites, siempre y cuando los aportados sean suficientes para acreditar su derecho a la ayuda.
El subsecretario del MAPA ha señalado que la elaboración de este instrumento obligatorio para el cobro de las ayudas, financiada por la Administración General del Estado, ha supuesto el desembolso de 86 millones de euros "un ahorro neto para las comunidades autónomas, ya que éstas son las responsables del control y pago de las ayudas comunitarias".
Lamela ha lamentado que la Junta de Andalucía, en cuya comunidad autónoma se asienta la mayor parte del olivar español, no haya colaborado más activamente en el proceso, imprescindible para el pago de las ayudas comunitarias, que en España superan actualmente los 1.000 millones de euros. No obstante, el subsecretario, una vez más, ha vuelto a pedir a la Junta la máxima colaboración institucional, y lealtad en la defensa de los intereses de los oleicultores andaluces.
COLABORACIÓN
Como prueba de la colaboración que sí ha existido por parte del MAPA con la Junta de Andalucía, Lamela ha informado que el ministerio ha llegado a mantener innumerables reuniones técnicas y de alto nivel político desde 2000 al 2002 con los representantes de la consejería andaluza de Agricultura, y que el pasado día 15, el propio ministro, Miguel Arias, dirigió una carta personal al consejero andaluz Paulino Plata. En ella, el ministro reitera "la imprescindible colaboración" de la consejería, que "no supone otra cosa más que el cumplimiento y la correcta ejecución de las competencias y obligaciones que tanto la normativa comunitaria como nacional establecen para los órganos competentes en la gestión y control de las líneas de ayuda comunitaria".
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