Por ello reclaman una vez más que se suspenda la aplicación de medidas agresivas contra el medio ambiente y en particular que se paralice la distribución de veneno en aquellos municipios donde la población de topillos se ha reducido, retirándose de forma inmediata todo el producto que esté en el campo. Se podrá continuar aplicando otras medidas, como el arado en profundidad de las tierras, donde se considere oportuno.
Asimismo las organizaciones solicitan a la Junta de Castilla y León que informe con detalle a la opinión publica del impacto real que la aplicación de estas medidas ha causado en el medio ambiente, y que por ejemplo se faciliten los datos de los diferentes animales que hayan muerto envenenados y los hábitats afectados.
WWF/Adena