En declaraciones recogidas por Europa Press, Arboix ha explicado que el Decreto se organizará «en torno a tres pilares básicos», entre los que se encuentra la formalizaciones de contratos obligatorios y que tendrán una duración mínima de un año, lo que dará al ganadero «la garantía de que podrá vender toda su producción durante un año«, lo que a su vez «le permitirá conseguir créditos bancarios«. Asimismo, esta fórmula «abre una brecha para otros sectores como el porcino de los vegetales».
El segundo de estos pilares se basa en el establecimiento de organizaciones de productores que negocien esos contratos, mientras que la tercera reforzará el papel de la Interprofesional para seguir el cumplimiento de estos contratos y establecer unos índices de precios, si bien «la legislación prohíbe fijar los precios«.
La directora de Recursos Agrícolas y Ganaderos del MARM ha reconocido las «dificultades» que presentan las OPA para la creación de estas asociaciones de productores, aunque ha insistido en que «la unión hace la fuerza», si bien ha resaltado que la pertenencia a las mismas «no será obligatoria» y «cualquier ganadero podrá contratar libremente».
Por su parte, el presidente de Asaja en la Comunidad, Donaciano Dujo, ha enfatizado la necesidad de «unificar criterios a través de los contratos y precios dignos» que les permitan «poder trabajar y vivir dignamente».
Al mismo tiempo, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Castilla y León, Julio López, ha subrayado la importancia de «tener un árbitro» para fijar unos índices de precios «razonables», pero ha señalado a la distribución como «la pata que condiciona y masacra toda la cadena». Así, López ha manifestado que existen «muchas expectativas», pero también «dudas», por lo que ha pedido que las asociaciones de productores «no acaben en manos de la industria».
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