Es más, las organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana lamentan muy especialmente que su responsable autonómica considere “razonables” los precios que vienen recibiendo los citricultores durante estos meses cuando en la práctica es un clamor la ruina que éstos suponen puesto que en la mayoría de casos el productor ni siquiera podrá cubrir los costes. Por no hablar de los miles de productores que, afectados por la falta de demanda y la extensión de la venta ‘a resultas’, han visto cómo sus clementinas –decenas de miles de toneladas de ellas– se han quedado sin recoger en el árbol.
En primera instancia, los representantes de los citricultores quieren desmentir que las dificultades por las que atraviesa el sector sean de carácter coyuntural. La gran cantidad de parcelas citrícolas que se han abandonado a su suerte durante estos últimos años así como la falta de relevo generacional son el mejor reflejo de que los problemas del sector son evidentemente estructurales. Al menos así lo son para aquellos que los quieran apreciar porque –como reza el dicho- ‘no hay peor ciego que el no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar’.
Pero siendo tal cosa así, es evidente que la situación que se ha consolidado durante estas últimas semanas es mucho más grave que una “tensa” coyuntura en los mercados, como lo describieron ayer desde sendas administarciones. Una valoración que sorprende en tanto se contradice con la propia estadística emanada del Observatorio de Precios del Ministerio de Medio Ambiente que a finales de septiembre hablaba de un precio en origen para la clementina de 0,25 euros/kg y que 20 días después lo dejaba en 0,15 euros/kg, lo que supone confirmar un desplome en tiempo récord del 40%.
El sector productor estima que al acabar el mes de noviembre la cotización media alcanzada por la clementina se sitúa en 0,11/0,12 euros/kg, esto es, a menos de la mitad del umbral que permitiría al productor cubrir sus costes. En naranjas, la situación es parecida o incluso más grave porque las cotizaciones del mercado en fresco se sitúan por debajo de tal cantidad y los precios de la industria de zumos ni siquiera cubrirían los costes para la recolección. Es más, dado que la venta ‘a resultas’ se ha extendido a la mayor parte de la producción ya comercializada, las asociaciones de citricultores esperan que cuando lleguen las liquidaciones se confirmen cifras para el productor aún si cabe menores o incluso negativas.
Los representantes de los citricultores lamentan la actitud que viene manteniendo el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural en todo este asunto pero aún entienden menos la de la consellera Maritina Hernández, a la que se le presuponía un mayor grado de compromiso y, sobre todo, de conocimiento de las circunstancias del sector citrícola valenciano por evidentes razones de proximidad. En este sentido, cuesta entender que, justo un día después de que decidiera ampliar la campaña de compras de clementinas para hacer promociones de zumo, la consellera manifieste que tanto el comercio como las cooperativas “están trabajando a un ritmo adecuado, están haciendo sus expediciones a mercados a un buen ritmo y se mantiene la tensión adecuada a unos precios que son razonables para toda la cadena”. Si tan idílica fuera la situación, ¿por qué la Generalitat está adquiriendo clementinas de destrío en lugar de aquellas con calibres y condición comercial óptima para hacer zumo?
A las organizaciones agrarias les preocupa igualmente que quien tendría que mediar para reordenar la situación, para coordinar las actuaciones con otras Administraciones sólo se preocupe de tratar de desmovilizar a los agricultores descontentos para así justificar su propia pasividad. En este sentido, las asociaciones ratifican que, frente a la complacencia mostrada por la consellera, sí existen desde hace tiempo multitud de medidas puestas encima de la mesa de las administraciones que aún están pendientes de ser debatidas.
En primera instancia, el sector lamenta que no se haya atendido la posibilidad de retrasar la fecha de presentación de contratos de la industria de zumos. Para el futuro, y con objeto de evitar el caos burocrático provocado entre los citricultores, las asociaciones reclaman al Gobierno central que se elimine el periodo transitorio del pago único de cítricos. De igual manera se insiste en que el Gobierno avance en la aprobación de un seguro de costes y de una Ley de Comercio que acabe o minimice al menos los abusos generalizados en los márgenes comerciales y el abismo existente entre los precios en origen y destino y que prohíba la práctica del ‘a resultas’. A corto plazo, habría que reforzar los controles de calidad y fitosanitarios para los cítricos procedentes de terceros países y mediar ante Bruselas para que la medida pudiera extenderse en el resto de países europeos.
A la Administración autonómica se le ha reclamado hasta la saciedad que arbitre un sistema de concertación social agroalimentario, tal como está previsto en la Ley de Desarrollo Rural valenciana. También se le ha reclamado reiteradamente que condicione la concesión de ayudas a la industria agroalimentaria a aquellas empresas que en el campo compren a precios justos y dignos. Se le ha inquirido igualmente para que potencie aquella investigación más útil para el sector, como la referida a las nuevas variedades y patrones, la lucha biológica y la mecanización de las labores citrícolas, sobre todo, de la recolección. De igual manera, convendría recordar que hace casi un año y medio que no se tiene ninguna noticia del Observatorio de Precios Agrarios de la Comunidad Valenciana.
A corto plazo, se ha insistido en que la promoción de clementinas para zumos impulsada tenga un tonelaje significativo y que sea respaldada por actuaciones similares en otras autonomías citrícolas e incluso cuente con financiación estatal. En idéntico sentido, en su momento se denunció que el manido plan de reconversión varietal de cítricos en absoluto serviría para regular la producción si se mantiene la superficie -18.000 Ha en toda España- y el mínimo presupuesto aprobado, por lo que conviene ampliarlo. De cualquier manera habría que matizar que en sus actuales términos, como en el caso de las promociones en el extranjero que la consellera también viene destacando, en absoluto servirían para aliviar un problema que afecta exclusivamente a los productores.
Si a la crisis de precios y rentabilidad sumamos la irresponsabilidad política que supone negar la realidad es evidente que están más justificados que nunca la realización de actos reivindicativos contundentes.
AVA-ASAJA