En un comunicado, ambas organizaciones aseguraron que «los agricultores y ganaderos deberán afrontar una nueva tarificación con un sobrecoste que puede rondar el 8%», lo que unido a la crisis económica que lleva arrastrando el sector en el 2009 «supone un varapalo muy importante para las economías de las explotaciones familiares».
AL respecto, las organizaciones agrarias explicaron que se produce un incremento de la factura final «puesto que a pesar de que el coste de la energía se ha reducido ligeramente sin embargo ha habido una fortísima subida de la tarifa de acceso», que es un componente de la tarifa integral que se revisa de forma anual, y que tiene en cuenta el importe del transporte, la distribución, el mantenimiento y otras partidas reguladas.
Otro de los cambios sustanciales a parir del 1 de enero, según UPA y COAG es el «incremento desmesurado de penalizaciones en concepto de energía reactiva», lo que puede incidir muy negativamente en el coste final de la factura.
COAG y UPA consideran que esta nueva subida «va en dirección contraria a la propuesta realizada en un principio por el Gobierno en las negociaciones abiertas con las organizaciones agrarias».
Además, para la ‘Alianza por la unidad del campo’ esta subida tarifaria «pone en peligro incluso la sostenibilidad de la agricultura, y puede suponer una reducción muy severa de cultivos de regadío como el maíz, remolacha o patata».
Europa Press