Nota de prensa de Asaja Andalucía
El proyecto de Ley de Flora y Fauna que se debatirá mañana miércoles en el Parlamento Andaluz atenta contra los principios esenciales de un Estado de Derecho porque quiebra el concepto de propiedad privada en el ámbito rural, equipara a los guardas forestales con los Cuerpos de Seguridad del Estado, permite la expropiación sin compensación alguna y vulnera el principio de presunción de inocencia, al considerar al propietario del terreno responsable de lo que en él ocurra, sea o no culpable.
Por todos estos motivos desde ASAJA-Andalucía exigimos a la Consejería de Medio Ambiente que retire el proyecto de Ley de Flora y Fauna y que redacte una Ley que regule exclusivamente la actividad cinegética, tal como han hecho todas las comunidades autónomas de España y como le demandan todos los colectivos implicados (cazadores, titulares de cotos de caza, empresarios forestales y cinegéticos, agricultores, ganaderos e incluso ecologistas).
La caza es una actividad que mueve, sólo en Andalucía, 1.200 millones de euros anuales, genera 12.000 empleos directos y más de 7.000 indirectos y tiene una entidad suficiente para contar con una regulación propia, por lo que resulta incongruente que la Consejería de Medio Ambiente presente un proyecto de Ley de Flora y Fauna que en un “totum revolutum” intente regular el 90% de las actividades que se desarollan en el medio rural, entre ellas la caza. Con leyes como ésta sólo se consigue provocar la inseguridad jurídica de los administrados, desconcertados ante la profusión legislativa y el solapamiento, e incluso las contradicciones normativas.
Por ello ASAJA-Andalucía, que ya mantuvo un encuentro con todos los grupos parlamentarios el pasado 18 de febrero, se ha dirigido hoy nuevamente a los representantes políticos de los andaluces, a quienes les ha recordado que la sociedad civil en pleno ha rechazado esta Ley, y a quienes les ha pedido que, en coherencia con la opinión de la sociedad civil, expresen también su más profundo rechazo a este texto.
Un texto que se ha redactado en contra de los criterios de todos los implicados, pues en la elaboración de esta Ley la Consejería de Medio Ambiente ha hecho caso omiso a las alegaciones que se le han presentado desde asociaciones de cazadores, Federación Andaluza de Caza, representantes de productores de caza, agricultores, ganaderos, empresarios y propietarios. Hay que recordar que en el año 1999 ya se intentó promulgar esta Ley y se mantuvieron, por parte de la Administración, contactos con los agentes sociales mencionados. Sin embargo, fue tal la avalancha de alegaciones y peticiones de anulación íntegra que la Consejería de Medio Ambiente decidió su paralización. Es ahora, transcurridos cuatro años, cuando se ha presentado a Consejo de Gobierno y posteriormente al Parlamento con una urgencia que hace pensar en otros motivos que los meramente cinegéticos y medioambientales. Todo ello sin que haya mediado consulta alguna con los agentes sociales.
Asaja Andalucía