Los arroceros andaluces perderán 21,83 millones de euros (3.632,4 millones de pesetas) si el Consejo de Ministros de la Unión Europea diera luz verde a la propuesta de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) planteada por el comisario de Agricultura, Franz Fischler. Las pérdidas para los arroceros de la provincia de Sevilla, la principal región arrocera de España, asciende a 20,48 millones de euros (3.408 millones de pesetas) de 62,7 millones de euros a nivel nacional (10.432 millones de pesetas).
El impacto de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en los arroceros andaluces supondría unas pérdidas de 21, 83 millones de euros (3.632,4 millones de pesetas), un impacto considerado demoledor. Sevilla, la principal provincia productora que cuenta con 36.600 hectáreas, sufriría unas pérdidas de 20,48 millones de euros (3.408 millones de pesetas) de los 62,7 millones de euros de pérdidas de todos los arroceros españoles (10.432 millones de pesetas).
La Federación de Arroceros de Sevilla y la patronal ASAJA-Sevilla han remitido una carta al titular de Agricultura, Miguel Arias Cañete, con las observaciones a la Propuesta de Reforma de la OCM del arroz prevista en la Revisión Intermedia de la PAC que fue presentada por la Comisión Europea el pasado 21 de enero.
El sector rechaza frontalmente las ayudas desacopladas en base a referencias históricas recientes (2000, 2001 y 2002), ya que la fijación de un pago directo en base a unas referencias históricas, independientemente del cultivo que se realice en el futuro, y acompañada por la bajada de los precios de intervención, no se garantiza para el futuro. Los productores temen un futuro devastador donde los arroceros se encuentren sin ayudas directas y con unos precios por debajo de los precios de rentabilidad. A juicio de los productores “pasado un cierto tiempo las presiones externas que pueden venir por la Organización Mundial de Comercio (OMC) provocarán la desaparición o importantes reducciones de estas ayudas, mientras que el precio de mercado se encuentra, incluso, por debajo de los costes de producción y será imposible una subida futura a los niveles actuales”. Si las ayudas desacopladas fueran hacia delante los arroceros defienden unas compensaciones plenas del cien por cien de la bajada del precio de intervención actual (298, 35 euros por hectárea) al precio de mercado previsto (120 euros/ha.). Al mismo tiempo rechazan la compensación prevista del 88%, ya que la bajada prevista de precios real es del 60 por ciento, no del 50 por ciento. Además, piden que el reconocimiento de los rendimientos reales actuales de 7,6 toneladas por hectárea en lugar del rendimiento histórico de 6,35 toneladas por hectárea.
Han pedido que las penalizaciones por rebasamiento de la superficie máxima garantizada sea lineal (uno a uno) y no gradual como es actualmente. A la hora de un posible rebasamiento recomiendan excluir del cómputo como superficies de arroz las sembradas de arroz ecológico y las destinadas a la producción de semillas. Por último, reivindican el mantenimiento del mecanismo de intervención actual (intervención pública) y el rechazo del sistema de almacenamiento privado.
Parlamento Europeo
Por otra parte, el director gerente de la Federación de Arroceros, Manuel Cano, ha visto con optimismo que el parlamentario europeo del Partido Andalucista, Carlos Bautista, sea el encargado de redactar el posicionamiento del Parlamento Europeo relativo al arroz en la propuesta de la Reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC).
Bautista ha conseguido defender la postura europea frente al interés de Holanda y Bélgica, países que hubieran provocado “perjuicios al sector”, ya que habrían favorecido la entrada de arroz barato procedente de países asiáticos, debido a que son netamente comerciales. De hecho, Holanda provocó distorsiones en los mercados comunitarios con las importaciones de arroz procedentes de los Países del Territorio de Ultramar (PTUM) y Africa, Caribe y Pacífico (ACP). Por otra parte, España, Francia, Italia, Grecia, Portugal, Austria y Finlandia han apoyado esta semana que se introduzcan cuotas arancelarias para gravar la entrada de arroz de países terceros, uno de los principales problemas con los que se encuentra el sector.
Asaja-Sevilla