Estas actuaciones están provocando consecuencias muy negativas no sólo sobre el sector arrocero, sino sobre los intereses pesqueros y acuícolas.
El cultivo, -que hace frente a una situación difícil ya que ha tenido que sembrar por segundo año consecutivo el 50% de la superficie debido a la situación de los embalses-, se encuentra ahora con su principal enemigo desde el punto de vista agronómico: la sal. Según las mediciones de la FAS los niveles de sal en el cultivo llega a los cinco gramos por litro, “alarmantes e imposibles de mantener en el cultivo que da lugar a una nueva situación en el estuario gravísima y sin soluciones”. Estos niveles se traducen en la desaparición del cultivo, ya que si la cantidad de sal supera el gramo o gramo y medio por litro provoca estrés en la planta lo que hace que esta no nazca o se pierda.
Los arroceros vienen denunciado desde hace años de forma reiterada los peligros que un aumento del calado en el río Guadalquivir podría ocasionar no solamente para agricultores, sino para otros sectores económicos como pescadores, acuicultores, turismo, etc. ya que la mayor profundidad del río contribuye a aumentar la salinidad en el agua del riego y provoca una mayor intrusión del tapón salino. La solución de mayor desembalse para frenar el tapón salino no sirve en situaciones de sequías cíclicas y reiteradas.
En estas campañas los propios arroceros han tenido que sacrificar el 50 por ciento de la superficie sin sembrar por falta de agua. Esta situación de altísima salinidad jamás detectada en el estuario agrava aún más una situación ya bastante complicada.
Los arroceros realizarán un estudio de batrimetría para conocer la profundidad del río tras una reunión mantenida el pasado lunes entre el presidente de la FAS, Julián Borja, con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
Además del estudio, los arroceros emprenderán las acciones judiciales contra la Jefatura de Costas y la Autoridad Portuaria de Sevilla y han enviado cartas para manifestar su enérgica protesta al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y al Ministerio de Fomento; así como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), a la Jefatura de Costas, a la Junta de Obras del Puerto, a la Agencia Andaluz del Agua, a la Consejería de Medio Ambiente y a la Consejería de Agricultura.
Desde el primer momento el sector arrocero ha planteado una búsqueda de alternativas al dragado del río que minimicen su impacto ambiental ya que la obra como estaba planteada supone la ruina de un sector económico consolidado del que viven más de 6.000 familias que siembra 36.000 hectáreas de superficie en años pluviométricos normales y que mueve un volumen de negocio de 96,16 millones de euros y genera 480.000 jornales directos. El cultivo representa, además, la primera provincia productora de arroz a nivel nacional y constituye el eje vertebrador de la población de los municipios de Doñana. Es el hábitat de más cien especies de aves que visitan el Parque Natural y que se pueden cuantificar por miles. Y constituye, además, el sustento de otros sectores auxiliares como la industria aéreas agrícola, cangrejera, etc.
La Federación de Arroceros ha vuelto a recordar el aumento de un 2,5 por ciento de salinidad sobre un 124% que ya aumentó en los últimos 20 años desde que se suprimió en 1983 la denominada “Barra de Arena” de Sanlúcar de Barrameda al dragar el río en su desembocadura.
Esta situación contrasta con la reciente aprobación por parte del anterior Ministerio de Medio Ambiente, para llevar a cabo un proyecto de modernización del sistema de riego, con una inversión de 200 millones de euros, para ahorrar agua.
Federación arroceros