Los más de 700.000 euros de ingresos directos que cada año reciben los Ayuntamientos y Juntas Administrativas de Álava por arriendos de los cotos de caza están en peligro si no se toman soluciones urgentes al creciente problema de los daños producidos por las especies de caza a los cultivos agrícolas. El incremento de los precios de los productos agropecuarios, una desacertada política agraria -en la que en la implantación de cultivos se ignora, reiteradamente, la presencia de la fauna- y una legislación injusta que obliga a los adjudicatarios de los cotos a asumir las indemnizaciones de los daños, está llevando a la ruina a la economía de las sociedades locales de caza que, de seguir esta tendencia, se van a ver forzadas a abandonar los aprovechamientos cinegéticos.
La gestión cinegética, hoy por hoy, es insuficiente para paliar un problema que no se debe ni se puede resolver “a tiros” como pretende la Diputación. Cierto es que muchas de las especies de caza necesitan estar sometidas a control poblacional, pero si esta ordenación no viene acompañada de una planificación ordenada del territorio y de una política de prevención de daños adecuada, por mucho que los cazadores pongan todo su empeño –que muchas veces se transforma en obligación-, el problema es irresoluble.
Por otro lado los sindicatos agrarios y los seguros del campo están descubriendo en el mundo de la caza un filón para obtener unos ingresos extras que las propias leyes de la competitividad del campo les impiden obtener.
Desde hace tiempo las sociedades de cazadores, en general, y las alavesas, en particular, vienen reclamando soluciones a las respectivas Administraciones y vienen avisando de un problema que puede comprometer la supervivencia de una actividad ancestral y tradicional en el territorio alavés, y lo que aun es más grave, si cabe, puede poner en peligro la conservación de los recursos naturales de Álava. Supondría el abandono inmediato de un sistema racional de gestión que se viene realizando desde hace más de 20 años y cuyos resultados saltan a la vista, a juzgar por la evolución positiva de nuestros ecosistemas.
En este sentido la Asociación de Cotos de Caza de Álava y la Federación Territorial de Caza vienen reclamando, insistentemente, a la administración foral una solución, sin que hasta la fecha, ni en los responsables técnicos ni en los responsables políticos, se haya percibido una mínima sensibilidad para atajar este grave conflicto. Es por ello que las principales instituciones de representación de los cazadores alaveses (ACCA y la FTCA) han decidido convocar a todos los sectores implicados (agricultores, entidades locales, cotos de caza y Diputación) a una reunión a celebrar el próximo día 18 de abril, en un intento desesperado de implicar a todos los sectores afectados en la búsqueda de soluciones.
De no ser así, la viabilidad de los cotos alaveses está sentenciada a muerte, y el futuro de la conservación de los recursos naturales se verá seriamente comprometido. Más aun cuando la nueva Ley de Caza del País Vasco ampara en su articulado que los terrenos que dejen de estar acotados pasen a ser de aprovechamiento cinegético común (zonas libres) y “sin tenerse que someterse a planificación cinegética”. ¿Qué futuro aguarda a nuestros ecosistemas rurales, hoy con buena salud, si se pierden los ingresos que genera la caza y sin un control ordenado de las especies? ¿De qué ha servido el control, la dedicación a la conservación de las especies cinegéticas autóctonas y el esfuerzo económico de las sociedades locales de cazadores, si ahora, de un plumazo, y por la vía de hechos consumados, estamos provocando la desaparición de los terrenos acotados –ordenados- gracias a la desidia y la incapacidad manifiesta de nuestras Instituciones?
Hasta este momento, y a pesar de todo, los cotos no se resignan, y siguen poniendo todo su empeño y su dinero en paliar esta problemática de los daños, pero ¡ya no aguantan más! No hay sociedad o club de cazadores que soporte este constante incremento de las tasaciones de daños agroforestales, accidentalidad en carretera, precios de adjudicación de los cotos, etc. ¿Qué ocurrirá cuando desaparezcan? ¿Quién pagará entonces los daños provocados por la fauna o los accidentes de carretera? Según la jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Álava, los propietarios de los terrenos, es decir particulares, Juntas Administrativas o Ayuntamientos ¿están capacitados ellos para soportar esta carga que ahora aguantamos los cazadores? ¿No se acuerda nadie de los años 90 del siglo pasado, cuando por falta de ordenación y gestión –debida a la existencia de muchos terrenos libres en Álava-, el Parlamento Vasco estuvo a punto de prohibir la caza en toda la Comunidad Autónoma? Si estas reflexiones no sirven para provocar un debate necesario y una búsqueda racional de solución de cuanto aquí se apunta, está todo perdido.
Hasta ahora, por lo percibido, da la sensación de que, salvo a los cazadores, a nadie le interesa este debate, pero la razón es que quizá, los demás sectores aquí mencionados, no alcancen a comprender que si desaparecen los cotos de caza en el Territorio Histórico de Álava y, consecuentemente las zonas se quedan “libres”, ¿quien se hará cargo de las consecuencias que ello implica?
De nada sirve eludir esta responsabilidad, como está haciendo el Director Foral de Agricultura, Sr. Aguinaco, que está tratando de engaña al sector cinegético diciendo que este asunto se tratará en un Consejo de Caza, cuando todo el mundo sabe –y él también- que este foro no sirve para resolver ningún problema. De ahí que tanto ACCA como la FTCA están reclamando con tanta insistencia la necesidad de emplazar, a los sectores directamente implicados, a la reunión del próximo día 18 de abril, cuya convocatoria se ha hecho de forma oficial y expresa a cada uno de ellos. Esperemos que sea el arranque de una vía de solución, sin la cual, la sociedad alavesa, en su conjunto, se verá implicada en un asunto de incalculables consecuencias.
UNAC