El consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, afirmó ayer que considera imprescindible la creación de Fiscalías de Medio Ambiente en las Audiencias provinciales y anunció que su departamento está estudiando cuál es la mejor fórmula para elevar esta propuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
“Creo que estas Fiscalías son imprescindibles porque, en muchas ocasiones, los delitos ambientales no llegan a obtener la pena correspondiente debido a la falta de especialización en la instrucción de los expedientes”, dijo Alonso, quien añadió que “es muy deprimente tramitar denuncias e instruir expedientes que luego quedan sin sanción porque la instrucción no es suficientemente clara o rigurosa para demostrar el presunto delito”.
El consejero señaló que “desgraciadamente, esto está ocurriendo con delitos como envenenamientos de animales, el uso de cebos envenenados, vertidos, etc.”.
En este sentido, Alonso dijo que “sería magnífico que el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno central, que son quienes tienen la capacidad para tomar esta decisión, atendiesen esta solicitud que haremos desde Castilla-La Mancha”.
Alonso explicó que éste es un asunto estrictamente judicial, pero “sería bueno que, dentro del Pacto de la Justicia y con el consenso de las administraciones públicas y los partidos políticos, se incluyese como una prioridad más la creación de las Fiscalías de Medio Ambiente”.
Las eléctricas deben invertir para no dañar el medio ambiente
A preguntas de los periodistas sobre la decisión de la compañía eléctrica Unión Fenosa de recurrir el reglamento de la “ecotasa”, Alonso acusó a las compañías eléctricas de estar abandonando su responsabilidad principal –producir y suministra energía en condiciones económicas razonables, de buena calidad y sin dañar el medio ambiente- y dedicar sus inversiones a otras cuestiones.
“Desgraciadamente, en los últimos años las eléctricas están dedicándose a potenciar sus servicios jurídicos, económicos y políticos para utilizar su capacidad de presión ante las administraciones y están abandonando su responsabilidad principal, que es producir energía, suministrarla en condiciones económicas razonables y con calidad para los usuarios y en hacerlo sin producir daños al medio ambiente”, afirmó Alonso.
En opinión del consejero, las eléctricas están reduciendo plantillas, limitando las inversiones sobre todo el medio rural, con el consiguiente deterioro del servicio eléctrico y sin hacer las inversiones suficientes en la red eléctrica, en la generación limpia de la energía y en mejorar los abastecimientos.
“Las eléctricas van a tener una presión muy fuerte de los ciudadanos y creo que deberían tenerla también de los gobiernos”, concluyó Alonso.
JCCM