Los ecologistas exigen un Plan Especial del Alto Guadiana con objetivos ambientales ambiciosos

Para aportar agua a los humedales de la ‘Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda’. Según estas organizaciones, se necesita un Plan que sea útil a largo plazo, independiente de coyunturas políticas y con un seguimiento eficaz basado en indicadores reales. Sólo la recuperación ecológica puede garantizar el futuro del regadío y de los abastecimientos en la Mancha y, para ello, es imprescindible una reconversión de la agricultura apoyada con fondos de las diferentes administraciones.



Las organizaciones ecologistas WWF/Adena, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción presentan hoy en Toledo sus propuestas para el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), dirigidas al Ministerio de Medio Ambiente y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



A juicio de las organizaciones ecologistas, el Plan está obligado a alcanzar los objetivos ambientales que exige la Directiva Marco Europea de Aguas, es decir, recuperar en 2015 los niveles freáticos adecuados de los acuíferos para que aporten agua desde los ‘Ojos del Guadiana’ al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Este objetivo es el único que garantizaría el buen estado ecológico de la cuenca, a la par que permitiría un uso sostenible del agua destinada a los abastecimientos y el regadío. Para ello, las organizaciones ecologistas proponen tres acciones clave. De un lado, revisar, aplicar y controlar un Plan de Extracciones acorde con la meta marcada. De otro, reconvertir la agricultura y, por último, adquirir derechos de agua y terrenos destinados a la recuperación ambiental.



Los planes de extracciones que se deriven del PEAG deberán limitar las extracciones de una forma realmente efectiva y reservar suficiente agua para garantizar la recuperación de los acuíferos en los plazos establecidos. Como paso previo, la Confederación debe asegurarse de que no existe un sólo pozo legalizado sin caudalímetro. Asimismo, la Consejería de Agricultura ha de garantizar que no se subvencionará ningún regadío irregular o ilegal. El régimen sancionador deberá seguir aplicándose de manera constante y basarse en un sistema de control de pozos ilegales que utilice todas las tecnologías disponibles, empezando por penalizar a los mayores incumplidores.



En paralelo, la otra iniciativa fundamental es la reconversión de la agricultura mediante al fomento de cultivos resistentes al estrés hídrico, el apoyo a los cultivos de secano con proyección futura y una reorientación económica apoyada en los fondos de desarrollo rural. La clave consiste en eliminar el regadío irregular, desincentivar el regadío y mejorar las técnicas y el uso del riego.



En caso de crearse un ‘fondo social de uso del agua’, la adquisición administrativa de derechos de agua tendría que empezar por los usuarios más consumidores, ser transparente, participativa y utilizar sólo una pequeña parte del volumen anual rescatado por la administración. En ningún caso, este fondo debería suponer una concesión administrativa ni eximir del cumplimiento de las sanciones por el uso ilegal previo del agua. Los ecologistas manifiestan su oposición a que se produzcan nuevas extracciones, ni siquiera en épocas de sequía, por lo que no se debería seguir favoreciendo la transformación de cultivos de secano a regadío, particularmente el viñedo.



Las organizaciones ambientales proponen la creación de un ‘Observatorio de la Sostenibilidad del Alto Guadiana’ independiente, para velar y certificar los avances del PEAG. Piden también una mayor transparencia informativa y la participación de las organizaciones ambientales en todo el proceso de implantación del Plan.



Finalmente, solicitan una moratoria de los proyectos que puedan comprometer la eficacia del PEAG como parques temáticos, campos de golf y urbanizaciones.



Las organizaciones ecologistas han recogido estos planteamientos en un documento conjunto que van a trasladar al Ministerio de Medio Ambiente y a la Junta de Castilla-La Mancha, y quieren que sirva de base para iniciar un diálogo con los agentes afectados, en particular, el sector agrario, las comunidades de regantes y los ayuntamientos.

WWF/Adena

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