Más de 200 agricultores y ganaderos de ASAJA-Sevilla han podido conocer de primera mano cómo incidirá en sus explotaciones la incorporación de los trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social. El encuentro ha contado con responsables técnicos del Departamento Laboral de ASAJA-Sevilla, con la presencia de los máximos responsables provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y han asistido además numerosos representantes de cooperativas, organizaciones sectoriales e incluso despachos profesionales y gestorías relacionadas con el sector.
Con esta Jornada se da cumplimiento al compromiso contraído por ASAJA con la Tesorería General de la Seguridad Social para que los agricultores tengan pleno conocimiento de la implantación del nuevo sistema por el que los trabajadores del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social se incorporan al Régimen General. Ante la premura de su puesta en marcha, el 1 de enero del año 2012 entra en vigor, los empresarios del campo han mostrado un gran interés por conocer la norma.
La integración del REASS en el Régimen General constituye un logro de la aplicación del Pacto de Toledo, un documento que fue aprobado por los parlamentarios en el Congreso de los Diputados en 1995 y que recoge una serie de recomendaciones entre las que era fundamental la simplificación e integración de los regímenes especiales con la finalidad de que queden dos grandes regímenes, el General y el RETA (Régimen de los Autónomos).
El Pacto recibió un nuevo impulso tras el acuerdo de los interlocutores sociales del año 2006 en el que, entre otros, se estableció la obligatoriedad de iniciar las negociaciones entre los interlocutores sociales en el año 2008 al objeto de alcanzar, lo más rápido posible, el anhelado logro de incluir el Régimen Agrario en el General. Anhelo que venía siendo reclamado por el colectivo agrario ante la situación de desigualdad y precariedad en la que se encontraban sus trabajadores en comparación con los acogidos al Régimen General.
El acuerdo de 2006 establecía como premisas la implantación del salario real de los trabajadores agrarios como base reguladora de las distintas cotizaciones y contingencias, la no afectación a la competitividad de las empresas agrarias y un periodo transitorio de 20 años para la implantación definitiva.
Las negociaciones de los interlocutores sociales han sido arduas por la dificultad de conciliar las tres premisas anteriores y alcanzar el logro de la integración en sí. Pero la buena disposición de las partes, permitió alcanzar el acuerdo que se trasladó a través del Gobierno central al Parlamento, órgano que lo ha refrendado sin modificación ninguna, lo que indica el acierto de los interlocutores sociales a la hora de conseguir tan difícil acuerdo.
ASAJA