Tres años después de la aparición del primer caso de EEB en nuestro territorio, los ganaderos del sector de vacuno de carne siguen sufriendo las consecuencias de un escándalo alimentario del que no fueron responsables; la crisis de las «vacas locas». A día de hoy, el sector ganadero sigue sufragando unos costes que deberían ser asumidos por las Administraciones correspondientes por tratarse de una cuestión de Seguridad Pública:
– Incremento del precio del pienso: Debido a la prohibición del uso de harinas de carne en la alimentación animal se ha incrementado notablemente el precio de la proteína de origen vegetal. Este incremento está calculado como media en 0,02 €, lo que supone un incremento en el coste de cebo como media de 30 € por animal.
– Retirada de los Materiales Específicos de Riesgo: La retirada de estos materiales se está realizando desde 1 de octubre de 2000. Actualmente, el coste medio por animal es de 43 €, lo que supone un gasto en el año 2002 de 103 millones de € aproximadamente.
– Retirada de los cadáveres (MER) de la explotación: Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la retirada y destrucción de estos cadáveres para el año 2002 asciende a 185 €/animal. La red de recogida de animales en granja debería ser totalmente costeada por las Administraciones, puesto que estamos ante un problema de Seguridad Pública.
– Vacas de desvieje: El ganadero percibía entre 360 y 420 € por vaca antes de aparecer la EEB, actualmente recibe entre 120 y 180 € por animal (20.000- 30.000 pesetas), lo que suponeun precio por Kg. de canal de 0,9 €. Los precios de estas canales todavía no se han recuperado.
Las cifras demuestran que esta situación está poniendo en jaque la viabilidad de muchas explotaciones familiares. Sólo en el 2002, el sector de ganado vacuno sufrió una pérdida de renta de 145 millones de euros. Durante el año 2001 el cálculo ascendió a 180 millones de euros. Para el 2003, según el informe realizado por el Departamento de Ganadería de COAG, se estiman unas pérdidas similares a las del año 2002, por lo que la cifra acumulada en los tres años rondaría los 470 millones de euros.
En este sentido Andoni García, responsable de Seguridad Alimentaria de COAG, recuerda que » todo ello, unido a la reducción de precios y rentas que supondrá la puesta en marcha de la reforma de la Política Agraria Común, será un duro varapalo para las explotaciones familiares y por consiguiente para el único modelo de producción que asegura unos alimentos sanos y de calidad. Contrariamente a lo que se podía esperar, la UE ha apostado en su reforma de la PAC, por la industrialización de la producción, en vez de abogar por un modelo de producción que garantice la seguridad alimentaria y evite en un futuro nuevos escándalos de este tipo».
Ante lo injusto de esta situación, COAG interpuso en noviembre de 2001 una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la Comisión Europea y el Consejo Europeo como máximos responsables de la propagación de la EEB. Más de 600 ganaderos de COAG reclaman a la UE daños y perjuicios por las consecuencias de unas decisiones no tomadas a tiempo, que hubieran evitado la extensión de la enfermedad desde Gran Bretaña. No olvidemos que Gran Bretaña prohibió el uso de harinas cárnicas para alimentación animal pero permitió su exportación hacia el resto de la UE y mayoritariamente hacia terceros países, donde a su vez sería más difícil detectar los casos positivos.
COAG