La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, se reunió ayer con representantes de los gobiernos de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia para analizar una postura conjunta ante la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva, sobre todo en relación con apoyos específicos para el olivar de bajo rendimiento.
Mercedes Gómez concretó que hay acuerdo en que las ayudas calculadas en función de los rendimientos históricos no superen el 60% del presupuesto destinado al sector, porque el restante 40% “nos permitiría disponer de unos recursos para el olivar de bajo rendimiento”. Este límite del 60% es el planteado por la Comisión Europea y es considerado como el “menos malo” por las siete comunidades autónomas, pero el Gobierno español se ha inclinado por elevarlo hasta el 90%, con lo que se reducirían de forma significativa los fondos disponibles para el cultivo menos productivo.
La consejera de Agricultura declaró que, sin ese nivel de apoyos, este tipo de olivar “empezaría a desaparecer y se iría al traste el objetivo de cohesión social y de protección del medio ambiente que orienta la nueva Política Agraria Comunitaria”. “El ministro de Agricultura debe defender el interés de la generalidad del sector olivarero español y representamos más del 52% de los olivareros, por lo que debe atender nuestra postura”, añadió Mercedes Gómez.
Otro punto de acuerdo entre las comunidades autónomas es la necesidad de que se incremente el presupuesto asignado a España, para dar respuesta a las cifras reales de producción del país respecto al conjunto comunitario.
En este sentido, Mercedes Gómez recordó que en 1998 la Comisión Europea decidió aplicar un sistema provisional con el compromiso de estudiar los ratos reales del cultivo “y nos sometimos a un registro de explotaciones que es el SIG oleícola”. Por tanto, la consejera de Agricultura considera que ya existe suficiente información para repartir las ayudas entre estados en función del peso de cada uno en la producción.
En tercer lugar, las siete regiones pedirán que se modifique el periodo histórico que servirá para calcular el importe de las ayudas desacopladas. La propuesta de la Comisión Europea es que se utilicen las cifras de pagos de los años 2000, 2001 y 2002, y sin embargo la propuesta de estas comunidades autónomas es que se establezca otro sistema, que tomaría el periodo 1998-2003 como referencia, pero eliminando los años con mayor y menor pago de ayudas para hacer una media entre los restantes. Mercedes Gómez consideró más adecuado este sistema por las importantes variaciones de resultados que tiene el olivar en función de los años y porque “es un modelo que ya ha sido utilizado para el cálculo de otras ayudas comunitarias”.
El objetivo de la reunión, en palabras de la consejera de Agricultura, es que “la OCM del aceite de oliva contemple este tipo de olivar de forma preferente”, y anunció que entregarán el documento del acuerdo al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Europea para que sea tenido en cuenta. Mercedes Gómez apuntó la posibilidad de que sea presentado al ministro de Agricultura el próximo martes en la reunión del Consejo Consultivo, si antes de esa fecha ha sido ratificado por todas las comunidades autónomas hoy representadas.
Los responsables del resto de comunidades autónomas subrayaron el interés social y medioambiental de este tipo de olivar en sus respectivos territorios e insistieron en que son precisamente esos factores los que justifican la necesidad de la ayuda, precisando que aunque su rentabilidad sea baja en términos de mercado tiene una vertiente de fijación de población y de protección ambiental, que es acorde con la filosofía que está defendiendo la Comisión Europea en la reforma de la PAC.
En la reunión participaron el director general de Política Agraria Comunitaria de Aragón, Ramón Iglesias; el director general de Desarrollo Rural de Cataluña, Jordi William; el director general de Política Agraria Comunitaria de Extremadura, Antonio Cabezas; el director general de Agricultura de Madrid, Luis Sánchez, el jefe de servicio de Ayudas a las Rentas Agrarias de Murcia, Manuel Piqueras; y el subsecretario de la Conselleria de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Carlos Mínguez
JCCM