Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del lunes 4 de febrero del anuncio de concurso para la redacción del Estudio de Impacto Ambiental del desdoblamiento de la M-501 desde la M-40 hasta el límite de la provincia de Avila, los grupos ecologistas quieren volver mostrar su rechazo más frontal a esta infraestructura, pues con este anuncio, la Comunidad de Madrid no hace más reconocer que aprobó las obras de una manera ilegal. A este respecto la Ley es muy clara la evaluación del impacto tiene que ser siempre anterior a la autorización y realización de las obras.
La carretera de los pantanos ya tuvo una Declaración de Impacto Ambiental negativa en 1998. Posteriormente Alberto Ruiz-Gallardón vinculó la decisión de desdoblarla a un informe científico encargado al Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC que fue contundentemente contrario a la duplicación. En la pasada legislatura del Gobierno de Esperanza Aguirre comenzó la realización de algunos tramos incumpliendo para ello la legislación ambiental tanto nacional como europea. Por lo tanto, el estudio ahora licitado será el tercero y quiere no sólo desautorizar los informes de los técnicos de la Comunidad de Madrid y de los investigadores del CSIC, sino además autorizar el desdoblamiento hasta el límite de la provincia.
La Comunidad de Madrid no evaluó de forma adecuada el impacto ambiental de la carretera pues fragmentó el proyecto en varios tramos para que, de esta manera, pareciera que el impacto era menor, y no analizó correctamente las afecciones sobre la ZEPA y los LIC afectados incumpliendo así distinta normativa nacional y europea (Directiva 79/409/CEE, Directiva 92/43/CEE y Directiva 85/337/CEE )
Las acciones llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid se encuentran pendientes de sentencia por parte de los Tribunales españoles y con un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea.
Hasta ahora, y pese a las denuncias presentadas por las organizaciones conservacionistas y los procesos judiciales, la Comunidad de Madrid sigue destruyendo uno de los enclaves más valiosos de Europa. Actualmente de los cinco subtramos dos están ya inaugurados (Alcorcón-cruce de Quijorna y Circunvalación de Pelayos de la Presa) y uno está en obras (cruce de Quijorna-Navas del Rey).
La Comisión Europea tiene potestad para solicitar al TJCE medidas cautelares de paralización de las obras. En opinión de las organizaciones ecologistas, la Comisión debe hacer uso de esta herramienta con urgencia, toda vez que ha constatado la grave infracción cometida por la Comunidad de Madrid. Aceptar como buena esta evaluación ambiental a posteriori del gobierno regional, sería entendido como un “todo vale” y sentaría un peligroso precedente para otras administraciones, que no tomarían en serio a la Comisión Europea como garante de la protección ambiental. Además, las obras se encuentran en un punto en el que si se sigue construyendo el daño será irreparable, por lo que de no actuar la Comisión de forma enérgica, sabiendo los incumplimientos por parte de la Comunidad de Madrid, sería en parte responsable de los daños producidos por su inacción. La Comisión deberá además exigir que la paralización de las obras sea acompañado por medidas urgentes para hacer más segura la carretera para los usuarios.
WWF/Adena