Los ingenieros agrónomos apoyan todas las iniciativas y cambios legislativos que busquen el cuidado y el respeto de la salud humana y del medio ambiente, labor para la que prestarán siempre su apoyo. Sin embargo, ante la nueva normativa sobre comercialización y uso de plaguicidas aprobada por el Parlamento europeo, defienden la protección de la salud de los cultivos para garantizar su producción suficiente y a precios asequibles para todos.
Por ello, critican que la nueva normativa sólo aconseje a los Estados miembros la creación de sistemas de formación para distribuidores, asesores y usuarios de plaguicidas y no especifique qué profesional es el que reúne los conocimientos suficientes para utilizar estos productos. Para el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias (COIACyC) es fundamental que el profesional encargado del uso, la aplicación y la distribución de los plaguicidas tenga un conocimiento riguroso de los productos, de los ciclos de las plagas y de los cultivos para utilizarlos en el momento y en las cantidades apropiadas, evitando así riesgos para la salud humana (alergias, asma, etc.) y el medio ambiente. Un conocimiento que el usuario no profesional desconoce.
Los ingenieros agrónomos creen necesaria una formación más completa, propia de una titulación superior. Critican que en la nueva normativa no haya más control en este sentido y advierten que la ausencia de cualificación profesional podría generar un uso indiscriminado de fitosanitarios que provocaría la comercialización de productos tratados inadecuadamente.
Hasta la fecha los ingenieros agrónomos han sido los técnicos competentes encargados del diseño, la prescripción, la distribución y el uso de los plaguicidas. En la nueva normativa, no se contempla la existencia de esta figura ni establece qué técnico será su sustituto. Por ello, creen imprescindible que en los Planes de Acción Nacional los Estados miembros, y sobre todo España, especifiquen qué profesionales son los competentes, de acuerdo con su formación, en la comercialización y el uso de estos productos.
Para el COIACyC la normativa aprobada sitúa a los países del sur en desventaja ya que se verán más afectados por las restricciones. Estos países, entre los que se encuentra España, por razones climatológicas y de cambio climático, sufren un mayor número de plagas, que se extienden con facilidad, y más importantes que los países del norte cuyas amenazas son generalmente por hongos y bacterias, tratadas principalmente con fungicidas, productos que quedan fuera de la nueva normativa.
Las mayores repercusiones se notarán en los países mediterráneos con una reducción de la producción y la calidad de los productos al no poder atacar ciertas plagas.
Todas estas restricciones en el uso de los productos fitosanitarios suponen una barrera comercial para los productos españoles ya que su calidad será peor. Los países consumidores preferirán comprar a otros países, que no hayan sufrido plagas o que no tengan restricciones en el uso de fitosanitarios, lo que mermará las ventas de los productos españoles.
Los problemas vendrán también generados por la carencia de una cadena de valor. Hasta ahora los profesionales encargados de la gestión de los plaguicidas seleccionan los productos en función de los cultivos y las plagas, en las cantidades y el momento adecuado para su aplicación. Existe una selectividad de plaguicidas que la nueva normativa contribuye a eliminar. Al desaparecer más de una veintena de productos básicos, y al no tener sustitutos para los mismos, habrá “plagas huérfanas”, es decir, plagas que se quedarán sin tratamiento, por lo que se aplicarán otros productos, y en mayor cantidad, que serán ineficaces al no estar prescritos para una determinada plaga y que generarán importantes problemas de salud y medioambientales.
La lucha integrada, aquella que combina tratamientos fitosanitarios y biológicos, encontrará problemas importantes para desarrollarse, sobre todo en los cítricos.
Por otro lado, la normativa prohíbe la pulverización aérea y la restringe en el medio acuático por lo que generará problemas en cultivos como el arroz o la chufa, aumentando las dificultades de producción, lo que podría materializarse en una subida de los precios en este tipo de productos.
Igualmente, la nueva normativa aconseja reducir o eliminar el uso de plaguicidas en zonas públicas, como parques, campos de deporte o zonas de juegos infantiles. Los ingenieros agrónomos se preguntan que pasará con parques como el de El Retiro, en Madrid, jardines como el de la Alhambra, en Granada, o los jardines del Real Alcázar, en Sevilla, que perderán todo su valor ornamental.
COICyC