Estos temporeros están asentados en fincas particulares, por lo que no son expulsados por las autoridades y habitan en chabolas y tiendas de campaña. Todos ellos tienen expectativas, al igual que en años anteriores, de ser contratados por los agricultores que se dedican a la cereza, pero este año la campaña sufrirá una reducción del 30%, por lo que desde la Federación Agroalimentaria se teme que no haya trabajo para todos.
El secretario de migraciones de la Federación, Jesús Acasuso, explica que “los hombres y mujeres, en muchos casos acompañados de niños, que permanecen en estos asentamientos, cuando sean contratados no recibirán un alojamiento digno, cuando el convenio colectivo así lo contempla”. Denuncia así la pasividad de la Dirección General de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración que desde hace mas de un año no convoca la Comisión Central del Convenio de Flujos Migratorios, donde deben analizarse y prevenirse este tipo de situaciones.
UGT agroalimentaria