Los países mediterráneos buscarán soluciones conjuntas

En cuanto a la conservación de recursos pesqueros, los países mediterráneos se enfrentan a problemas comunes de explotación de recursos pesqueros y contaminación, que deben abordarse con una respuesta conjunta. En base a este denominador común podrían adoptarse recomendaciones dirigidas a mejorar el conocimiento, la información y la formación sobre la actividad pesquera sostenible, así como a trasladar la experiencia de los países de la región en medidas de conservación.

Numerosos estudios científicos han venido reflejando de manera reiterada el hecho constatado de que gran parte de las poblaciones de peces del Mediterráneo sufren niveles de explotación mas allá de los límites de sostenibilidad, con marcados signos de sobrepesca, en gran parte causados por el exceso de capacidad pesquera, además de la situación de degradación de los recursos en general. Todo ello ha conducido a la obtención de escasos rendimientos socioeconómicos que dificultan la viabilidad de las empresas pesqueras del Mediterráneo caracterizadas, en general, por la escasa dimensión de las mismas.

Por otra parte, a la situación de sobrepesca se añaden signos de degradación del medio marino, contaminación, invasión de especies foráneas, así como nuevas formas de explotación pesquera para determinadas especies migratorias.

En años recientes, todos los países miembros de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) han llegado a la conclusión de que este órgano regional debe ser convenientemente reforzado para hacer frente a las crecientes necesidades de coordinación y gestión de las pesquerías de la región con fines de impulsar un desarrollo armonizado de la actividad que permite al mismo tiempo una explotación sostenible de la pesquería.

Asimismo, el proyecto regional de la FAO “Asesoramiento, Apoyo Técnico y Creación de Redes de Cooperación que faciliten la coordinación en apoyo de la ordenación pesquera en el Mediterráneo Occidental y Central”, mejor conocido como COPEMED, concluyó a mediados de 2005 y ha sido recientemente prorrogado por un período de tres años para facilitar la culminación de los proyectos iniciados.

España por su parte, tiene en vigor una normativa sobre la gestión del sector pesquero en el Mediterráneo que regula las pesquerías de arrastre y de cerco en toda la cuenca Mediterránea española, que precisaría de una regulación paralela en los países mediterráneos del sur para conseguir los objetivos que inspiraron su redacción en lo referente a artes de pesca, limitación de capturas, medidas de conservación de las especies comerciales, respeto de las tallas mínimas biológicas, limitación de fondos, etc.

Recursos Hídricos

Respecto a los recursos hídricos, el objetivo de la Conferencia es facilitar la existencia de una plataforma de acceso y difusión de todos los aspectos propios del regadío, que actúe como centro de coordinación y de fomento de la cooperación.

De esta forma, en la reunión se expondrán los diferentes estados de desarrollo de la política de regadíos y de las tecnologías existentes en la agricultura de las regiones mediterráneas, lo que hace necesario el intercambio de información en distintos ámbitos como las nuevas tecnologías, los aspectos jurídicos y la información de los agricultores para el regadío moderno.

En términos generales en los países mediterráneos, la escasez e irregularidad en la distribución de las precipitaciones condicionan los rendimientos, la viabilidad y diversificación de los cultivos, así como la estabilidad de las rentas de los agricultores. En el caso de España, esta situación ha hecho que el regadío se haya desarrollado durante siglos, para dar lugar a una superficie actual de 3,5 millones de hectáreas, siendo el país de la UE con mayor superficie de regadío y el noveno en todo el mundo.

La necesidad de racionalizar los usos agrarios del agua está, por tanto, presente en los elementos de planificación y en los textos legales vigentes, por lo que se impone la necesidad de una planificación general de los regadíos, que se ha instrumentado a través del Plan Nacional de Regadíos y el Plan de Choque 2006-2007 desarrollado por el MAPA y el Ministerio de Medio Ambiente.

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