Esta directiva trata de garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente asegurando la realización de una evaluación de impacto medioambiental y la toma en consideración de sus resultados en la preparación de los planes y programas de ordenación del territorio.
El acuerdo alcanzado en conciliación establece una obligación para los Estados miembros de realizar una evaluación de los efectos sobre el medio ambiente de tal forma que puedan tomarse medidas preventivas rápidamente.
El campo de aplicación de la directiva incluirá de ahora en adelante los fondos estructurales. La derogación temporal acordada concluirá con el período de programación vigente. La Eurocámara ha insistido en que los planes y programas cofinanciados por la Unión Europea deben estar cubiertos por la directiva, y ello afectará a las financiaciones comunitarias destinadas a los países candidatos.
Por último, a la hora de preparar los planes y programas, los Estados miembros estarán obligados a informar al público, incluidas las ONG que trabajen en este ámbito, y a darles la posibilidad de expresar sus opiniones.
Parlamento Europeo