La Presidencia danesa ha planteado, en el seno del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, un debate de orientación sobre la propuesta de la reforma de la Política Común de Pesca. A la espera de la celebración del grupo de expertos legales que debatirá los asuntos en que se han encontrado discrepancias de naturaleza jurídica, la Presidencia danesa ha planteado un debate sobre algunos de los temas más importantes y controvertidos de la reforma, apoyado en un cuestionado centrado en la gestión multianual de los recursos, la política de flotas, la política estructural y el control.
En materia de gestión de los recursos pesqueros, la Comisión propone una generalización de planes para la mayor parte de los stocks, limitando capturas y esfuerzo de pesca. Sin embargo, la Presidencia recoge en el cuestionario una posibilidad que España ve favorable, consistente en el tratamiento diferenciado en función del estado biológico de los stocks o de las características de las pesquerías que operen sobre ellos.
La delegación española ha propuesto una serie de elementos que permitirían hacer más efectivos los mecanismos de gestión, mediante la aplicación de un enfoque multiespecífico, que permita tener en cuenta la realidad de las pesquerías comunitarias. Asimismo, sería necesario aplicar un sólo mecanismo de gestión (esfuerzo o capturas) en cada caso, así como la puesta en marcha de esquemas piloto de gestión, con objeto de contar con datos contrastados que permitan aplicar en el futuro los mecanismos más adecuados.
Respecto a la política de flotas, la Presidencia constata que la mayoría de las delgaciones apoya un enfoque de gestión basado en un sistema de entradas/salidas donde se garantice la transparencia en la aplicación de esta política por parte de los Estados miembros. España ha reiterado la necesidad de tener en cuenta los esfuerzos de reducción ya realizados, ya que no se trata de penalizar a los Estados miembros cumplidores de los objetivos del POP IV, frente a aquellos países incumplidores y que deben realizar todavía este esfuerzo de reducción exigido por la actual normativa comunitaria.
En relación con las políticas estructurales, la Presidencia ha centrado el debate en las opciones de compromiso para suavizar la propuesta de la Comisión consistente en la eliminación de ayudas estructurales positivas. A la luz de las aportaciones hechas por los Estados miembros se ha comprobado la necesidad de evitar situaciones traumáticas y donde una mayoría de países ha señalado la conveniencia de mantener el actual sistema de ayudas para todas las acciones contempladas: construcción, modernización, exportación de buques y constitución de sociedades mixtas.
En este sentido, una amplia mayoría de países compuesta por España, Francia, Italia, Portugal, Irlanda, Grecia y Finlandia han insistido en mantener las vigentes medidas contempladas en la reglamentación estructural y que no debe ser modificada durante la actual programación de fondos, que abarca hasta el año 2006.
La delegación española ha señalado que la decisión final debe ser coherente con los principios fundamentales del Tratado y con los compromisos alcanzados en el Consejo Europeo de Berlín. En definitiva, no es posible confrontar objetivos de la Política Común de Pesca como son preservar el recurso y el fomento de la innovación tecnológica, sino establecer medidas inteligentes que hagan compatible estos principios.
Finalmente, en materia de control, la Presidencia ha incluido dos aspectos importantes, consistentes en el apoyo al incremento de competencias de los inspectores comunitarios y la necesidad de reforzar la cooperación en el control, y que ha contado con un respaldo mayoritario por parte de los Estados miembros.
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