Acasuso ha opinado que los sueldos en la agricultura española son «bajos en general» y que un trabajador tiene que estar en una situación «muy precaria» para recurrir a empleos «mal remunerados» en el campo. Según ha precisado, la participación española en las campañas francesas ha aumentado este año en unas 3.500 personas, mientras que, por ejemplo, las de la fresa de Huelva y el melocotón de Lleida no se han completado con trabajadores nacionales.
Acasuso ha afirmado que las grandes empresas de Lleida recurren principalmente, para afrontar las campañas veraniegas, a trabajadores rumanos y a colombianos, que la Unió de Pagesos de Catalunya contrata en origen. En este punto, ha mostrado su desacuerdo con que se descuente a los temporeros un 10 por ciento de su jornal para sufragar el alojamiento, lo que, en su opinión, se está convirtiendo en «un negocio» para las grandes empresas.
Con relación a los asentamientos ilegales de temporeros, Acasuso ha criticado que algunos empresarios se aprovechen de estos «ejércitos de trabajadores» que están dispuestos a cobrar por debajo de lo establecido en el convenio. Por ello, ha pedido a los empresarios que planifiquen bien las campañas y no las «parcheen» con contratos puntuales a temporeros, con el fin de no crearles expectativas y evitar un posible «efecto llamada».
Por su parte, Sara Martín ha señalado que el servicio catalán de empleo ha cursado en torno a 9.000 ofertas para la campaña de recogida de fruta en Lleida y que, de ellas, sólo un millar de personas han respondido afirmativamente hasta el momento. Ha apuntado que la subida de los salarios en el campo es una «lucha eterna» de los sindicatos y que los trabajadores más numerosos en las campañas frutícolas de Aragón y Cataluña son los subsaharianos, los colombianos y los procedentes de Europa del este.
Tras asegurar que este año no le consta que haya ningún asentamiento ilegal en la provincia de Lleida, Martín ha denunciado que se está registrando un volumen «muy grande» de contratación «irregular».
En este sentido, ha reclamado que los contratos se cierren por escrito porque, según ha dicho, aunque los acuerdos verbales tienen validez formal, a efectos prácticos «no la tienen».
Respecto a los alojamientos, Martín ha valorado, en general, las instalaciones en Cataluña, aunque en otras regiones, como en Almería, donde hay campañas durante nueve meses al año, o en Huelva se esté dando cobijo a los trabajadores en espacios «cochambrosos».
EfeAgro